El Congreso de los Diputados ha tomado en consideración la ley de amnistía del PSOE, que pretende indultar a todos los independentistas catalanes condenados por delitos relacionados con el procés. La ley ha sido aprobada con 178 votos en contra y 172 a favor, gracias al apoyo de los independentistas y los partidos de la izquierda abertzale.
Esta aprobación es un golpe muy grave al Estado de Derecho. La ley de amnistía supone una vulneración de la Constitución española, que establece que nadie puede ser condenado por delitos sin un proceso judicial justo. Además, la ley supone una discriminación hacia los ciudadanos que no han participado en el procés, ya que ellos sí tendrán que responder ante la justicia por sus actos.
Esta aprobación también es un síntoma de la debilidad del Gobierno de España. El PSOE ha cedido a las exigencias de los independentistas, incluso cuando la mayoría de la sociedad española está en contra de la amnistía. El Gobierno ha demostrado que no está dispuesto a defender la unidad de España, y que está dispuesto a pactar con los independentistas a cualquier precio.
Además, esta aprobación es un paso más en la internacionalización del conflicto catalán. El Gobierno de España ha aceptado la mediación de un mediador internacional, que verificará que el Gobierno cumpla con las exigencias de los independentistas. Esto supone una humillación para España, que se ve obligada a someterse a las exigencias de un país extranjero y el control del país desde Ginebra.