Llegamos al fin de la semana tras varios de días que podrían calificarse como bochornosos para nuestra sociedad y nuestra política. Este martes, el Congreso de los Diputados votó la toma en consideración de la ley de Amnistía registrada por el PSOE hace unas semanas en el seno de su acuerdo con las formaciones de ERC y Junts para poder investir a Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo durante otros 4 años.
Durante esa misma sesión plenaria, pero en otro punto del orden del día, llegó el momento álgido, el momento donde se demuestra que nuestras instituciones han pasado a ser las instituciones de Pedro Sánchez, cuando la portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, dijo en la tribuna de oradores que había que juzgar a los jueces y también a los periodistas que habían “contribuido de forma consciente en esta macrooperación contra el independentismo y en contra de Cataluña”. La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, –como es lo normal en ella–, no llamó la atención a Nogueras y ni usó su cargo para ordenar la eliminación de dichas palabras del Diario de Sesiones de la Cámara Baja. Y no es nada raro, porque la semana pasada, Sánchez asumió en su entrevista en TVE que los jueces españoles prevaricaban. Unas palabras, que en relación a los periodistas, es una claro ataque a la libertad de prensa y de opinión. Un ataque al artículo 20 de nuestra Constitución, al artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y al artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
A día de hoy, la mayoría de las instituciones de nuestro país han sido monopolizadas por una única persona: Pedro Sánchez, que más allá de limitarse a cumplir su deber –el de ejercer el poder ejecutivo como jefe del Gobierno de España–, se ha dedicado a colocar a sus afines en las instituciones, como Francina Armengol en el Congreso de los Diputados; Juan Carlos Campo (ex ministro de Justicia) y Laura Díez (ex alto cargo de Moncloa) como vocales del Tribunal Constitucional o a controlar RTVE, el CIS, el INE, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado (con el rechazo del Supremo de colocar a Magdalena Valerio), la Fiscalía General del Estado (con el rechazo también del Supremo de colocar a Álvaro García Ortiz), así como premiar a sus colaboradores y muñidores más cercanos, como es el caso de Félix Bolaños con un ministerio con los tres poderes del estado: Presidencia (ejecutivo), justicia (judicial) y Relación con las Cortes (legislativo). Incluso, premiando a ciertas personas que solo hacen manchar la imagen política, como Óscar Puente.
No podemos olvidarnos tampoco de la presentación del nuevo libro de Pedro Sánchez, ‘Tierra firme‘, que ya sabemos todos que aunque lleva su nombre, no ha sido escrito por él. Durante el acto de presentación celebrado el lunes, Sánchez mostró de nuevo su psicopatía, mofándose de todos los españoles cuando Jorge Javier Vázquez le dijo que si fuera a algún reality, sería ‘Supervivientes’. “¿Eso dónde los grabáis, en Honduras, en El Salvador? Como tenemos un mediador”, fueron las palabras del presidente del Gobierno. Y es que, por si no teníais este dato, el mediador entre PSOE y Junts es salvadoreño y experto en temas relacionados con terrorismo.
Esta semana también ha comparecido Sánchez en el Parlamento Europeo en el marco de la presidencia del Consejo de la Unión Europea que ostenta España hasta fin de año. Una comparecencia que se hace casi en el fin de la presidencia, puesto que tuvo que ser aplazada por el adelanto de las elecciones generales. Como no podía ser de otra manera, durante la sesión plenaria, se habló de la amnistía y el Estado de Derecho en España. Los socialistas, muchos de ellos ejerciendo como voz y palmeros de Sánchez, han asumido que con la amnistía no se rompe el Estado de Derecho ni la Constitución y que ir en contra de esa amnistía, es de derechas. Curiosamente, según la teoría de la izquierda, todas las asociaciones de jueces, magistrados, fiscales y abogados del Estado han asumido la doctrina de la derecha en las últimas semanas. Cualquiera con un mínimo interés en derecho o que simplemente se haya dedicado durante unos minutos a leer la Constitución, sabe que la amnistía es un término que no está contemplado, y que no está permitido conceder indultos generales, únicamente individuales.
No puedo olvidarme tampoco, de las incoherencias de ciertos medios de comunicación, como El País, que ha publicado un artículo criticando que Inés Arrimadas, ex presidenta de Ciudadanos y ex diputada, se incorpore al sector privado a partir del mes de enero del próximo año. Parece ser que es mejor que los políticos que no consiguieron de nuevo el acta en las anteriores elecciones, sigan cobrando la cesantía –paga que reciben algunos trabajadores tras ser cesados–, a costa de todos los españoles en vez de reincorporarse al sector privado. Por suerte, la mayoría de ex cargos de Ciudadanos pueden decir que tienen dónde volver o dónde incorporarse, no como otros, que ni si quiera saben lo que es trabajar, madrugar para levantar una persiana o la dura realidad de muchos españoles para llegar a fin de mes o llenar la cesta de la compra.
