El precio de la infamia

El dictamen aprobado por la Comisión de Justicia este jueves, que amnistiaría también el terrorismo y la alta traición, es una aberración jurídica y un paso más hacia la deslegitimación del Estado.

Es incomprensible que, mientras Puigdemont está siendo investigado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por su presunta implicación en ‘Tsunamic Democratic’ y el asalto al aeropuerto del Prat, se pretenda concederle una amnistía que le blanquearía de cualquier delito. Las aguas están turbias, y la línea entre derecho y política parece angustiosamente borrosa.

La esencia misma de una amnistía es perdonar delitos pasados y restaurar los derechos de aquellos que los cometieron. Pero lo que añade un matiz aún más oscuro a este debate es la aparente incoherencia política que rodea esta discusión. Mientras el PSOE impulsa esta polémica ley de amnistía, el PP se ha manifestado en contra durante el fin de semana, solo para encontrarse en reuniones y acuerdos con el mismo partido durante la semana para repartirse cargos y posiciones de poder.

Esta incoherencia percibida dentro del PP subraya una cuestión más amplia de coherencia política -o la falta de ella- que no hace más que avivar el escepticismo de la opinión pública. Luego se preguntan por qué tenemos una sociedad tan dividida y polarizada.

Son pocas las diferencias que pueden encontrarse entre PP y PSOE. Sí, es cierto, hay una. El PP no rebajó las penas por malversación, como hizo el PSOE el año pasado, eliminando también la sedición, y haciendo un Código Penal a la carta de los delincuentes.

La deriva del gobierno de Sánchez es cada vez más evidente. La mentira y las cesiones, además de ir de la mano, van como bandera. A cambio de los 7 votos de Junts, está dispuesto a conceder una amnistía que blanquearía a los responsables del golpe de Estado del año 2017, y a dinamitar la ‘convivencia’ en Cataluña. Mientras tanto, el PP se limita a hacer gestos de cara a la galería, sin ofrecer una alternativa real de gobierno. Y el regreso de Puigdemont –en verano, según fecha Junts–, no va a calmar las aguas, al contrario, nos hará revivir aquellos años donde se fraguó el golpe desde el Parlamento de Cataluña, aunque nuestro Estado de Derecho y nuestra sociedad consiguiera frenarlo.

No podemos permitir que se pisotee la justicia y se reescriba la historia. La amnistía no es la solución. Y la verdadera prueba de fuego de cualquier ley, especialmente de una tan divisiva como esta amnistía propuesta, es su resonancia en los corazones y las mentes de aquellos a quienes más afecta: el pueblo.

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