El Parlamento de Cataluña aprobó el 27 de octubre de 2017, una declaración de independencia tras el referéndum del 1 de octubre, declarado ilegal por la Justicia. Dicha convocatoria, llevó al Gobierno de España del PP a activar el Artículo 155 de la Constitución, lo que le permite tomar el control del gobierno catalán, por lo que se decidió convocar elecciones autonómicas en Cataluña para el 21 de diciembre.
Las Comunidades Autónomas, se financian principalmente a través de impuestos y de transferencias de la Administración central. Existen dos regímenes de financiación autonómica: uno común y otro foral. De las 17 comunidades, sólo en el País Vasco y en Navarra sigue vigente el régimen foral.
En la actualidad, existen dos nombres que suenan con fuerza cuando se habla de la escalada de independentismo catalán. Uno es el de Salvador Roures, del que, si buscamos en Wikipedia, encontraremos una extensa información, aunque en un párrafo, encontraremos su tendencia ideológica y de su catalanismo izquierdoso, al que se le tiene como uno de los que vienen participando en el comité en la sombra donde se maquinan y ajustan todas las acciones subversivas al separatismo.
El otro nombre que suena es el de Oscar Soros, un multimillonario húngaro, al que en Estados Unidos se le conoce por su apoyo a causas ultraliberales o radicales-progresistas. A Soros se le acusa de tener estrechos lazos con Obama y Clinton, y de interferir en los procesos democráticos de los países europeos y de haber financiado entidades filiadas al independentismo catalán. Pero, sobre todo, de fraude fiscal al salir su nombre en los papeles del ‘paraíso’.
Si hay una manera de financiarse, es a través de los Presupuestos Generales del Estado, del que cada año salen millones de euros de las arcas públicas del Estado para financiar, no solo las necesidades básicas de Cataluña (educación a medias, infraestructuras, cultura y sanidad), sino también la financiación que reciben en el Parlament por tener grupo parlamentario.
Resulta curioso, que una televisión pública, como es TV3, esté financiada por los españoles, y el dinero sea usado para ir en contra del Estado, y que haya periodistas que consideran que “hablar castellano es mejor porque así parecen ‘malos’”, o que enseñen a “tirar piedras a la Guardia Civil”.
Sobre la financiación de TV3, el autor David Álvaro García, relata en su libro ‘Cataluña, la construcción de un relato’, que “manejan 300 millones de euros al año y su plantilla supera los 2.300 empleados, cuyo sueldo medio es de 68.771 euros. La deriva del canal se constata en el desplome de los ingresos publicitarios, que han bajado de 150 a 40 millones. Sin embargo, en 2018 vimos que una de las primeras medidas del gobierno de Quim Torra fue rescatar a TV3 con una inyección de 20 millones de euros”.
La cuestión, es que desde 2017, Cataluña ha sido un no parar de que empresas decidan llevarse sus sedes de Barcelona a Madrid o Valencia, lo que supone la entrada de menos dinero en las arcas catalanas. Incluso, un informe publicado el pasado año, informaba que Andalucía ganaba a Cataluña en la creación de nuevas empresas.
Mientras tanto, se sigue investigando las relaciones estrechas de Puigdemont con Putin. ¿Estaría interesado también en financiar a los golpistas?
