La ley de amnistía ya ha sido registrada por el PSOE en el Congreso. Esta ley, que busca la “normalización institucional, política y social en Cataluña”, tiene como objetivo cerrar las causas judiciales abiertas a independentistas catalanes desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023. Sin embargo, su fin no es otro que conseguir que Pedro Sánchez llegue al poder, y para hacerlo, pagará cualquier precio, no solo el de la amnistía, en un corto futuro, el referéndum de independencia.
En primer lugar, la ley de amnistía, aunque presentada como una herramienta “utilizada en numerosas ocasiones en nuestra tradición jurídica”, plantea serias dudas sobre su legitimidad y efectividad. La amnistía, al anular los procedimientos judiciales referentes a “todos los actos que hayan sido declarados o estuvieran tipificados como delitos o conductas determinantes de responsabilidad administrativa o contable vinculados a la consulta celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y al referéndum del 1 de octubre de 2017 que se hubiesen realizado entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023”, parece ignorar la gravedad de los actos cometidos durante estos eventos.
Además, la ley establece que los jueces tendrán que aplicar la amnistía con carácter preferente y urgente, y que las decisiones se deberán adoptar en un “plazo máximo de dos meses”. Esto plantea la cuestión de si se está presionando indebidamente a los órganos judiciales para que actúen de una manera que podría no estar en consonancia con su deber de hacer justicia.
Por nuestra parte, Diario de España siempre va a estar del lado de la democracia, la Constitución y nuestro Estado de derecho. No podemos permitir que el interés de una persona destruya los pilares en los que se sostiene nuestro Estado de derecho y nuestro poder judicial. Además, es también un deber cambiar el sistema de elección de los jueces, para que los políticos no sean quienes los elijan.
Estaremos también del lado de las asociaciones y plataformas de magistrados, abogados y procuradores que han alzado su voz en los últimos días, como la Asociación Profesional de Magistrados, y no de los periodistas y medios de izquierda que hacen vender la amnistía como algo bueno, mientras hace unos meses decían todo lo contrario.
La actual situación no va de partidos o ideologías, va de defender la unidad de los españoles y el principio básico en los que se debería sostener una democracia: la separación de poderes y el cumplimiento la ley.
