“Las personas condenadas por delitos en sentencia firme, son delincuentes”, era la demoledora frase de Inés Arrimadas al gobierno de Sánchez en la sesión plenaria de esta semana en el Congreso.
Y se lió. El Presidente en funciones del Congreso corrió presto a mandar borrar del diario de sesiones la expresión “delincuentes”, vaya a ser que sus socios se ofendan porque alguien en el atril se atreva a volver a llamarles lo que son. Pero se olvidó de con quién se estaba batiendo, se olvidó que Inés y los suyos llevan años plantando cara a esos delincuentes y que fueron uno de los artífices del fracaso del golpe del 17. Así que, cuando Inés Arrimadas volvió al atril, no sólo se atrevió, sino que les volvió a definir como delincuentes.
No deja de sorprenderme cómo, desde algunos sectores, desde algunos partidos, se pretende implantar en el imaginario colectivo una verdad que nada tiene que ver con la realidad. Quizá aquella frase de Felipe González que ha copado las redes sociales, define a la perfección lo que durante años lleva realizando el bipartidismo. Decía González “la verdad es la que creen los ciudadanos” y, por ende, esa verdad es la que se les implanta desde el bipartidismo, algunos medios de comunicación y toda una corte de tertulianos que opinan según sopla el viento.
Arrimadas, en una intervención más que brillante que recomiendo escuchar entera, puso sobre la mesa la realidad, que no la “verdad” que algunos pretenden imponer. Y la realidad es que los socios de Sánchez, con los que lleva pactando toda la legislatura, son delincuentes. Por un lado negocia con personas como Junqueras, condenado por sedición. Condenado, punto. Por otro con personajes como Otegui, condenado por pertenencia a la banda terrorista ETA. Condenado, punto.
Y si están condenados por delito, son delincuentes. Porque va siendo hora que los ciudadanos dejemos de tener miedo a llamar a las cosas por su nombre, dejemos de ser “políticamente correctos”. Ese término que acuñaron para poder censurar sin llamarle censura. Ese término que se ha ido desarrollando y extendiendo hasta convertirse en la “cultura de la cancelación”.
Va siendo hora que no permitamos que nos manipulen. Porque cinco años después de aquella declaración unilateral de independencia que provocó la aplicación del art. 155 y la huida, en el maletero de un coche, de Puigdemont, no debemos permitir que nadie nos impida llamarles lo que son: delincuentes.
Como tampoco deberíamos permitir que Sánchez y los suyos, que Illa y sus complejos, dejen el camino libre para que, esos delincuentes, vuelvan a dar un golpe. En su deriva de destrucción de las instituciones de España, la rebaja o eliminación de los delitos de sedición o rebelión nos llevaría a tener que sufrir otro golpe. Y esta vez sería con la connivencia, con la complicidad del Gobierno de España y del PSC.
