El registro de medios fue aprobado el día 17 de septiembre por el Congreso de los Diputados con 310 votos a favor y tan solo 33 votos en contra. Esta iniciativa tiene como objetivo principal asegurar la transparencia y la responsabilidad de los medios de comunicación, intentando obtener cierto control sobre estos y poder luchar contra lo que ellos consideran “fake news” y difusores de “bulos”. Con esta ley también se pretende conocer a los propietarios de los medios y por quién o quiénes son financiados. Además, quieren limitar y conocer los ingresos generados a través publicidad en los medios de comunicación, tanto a nivel privado como público, prohibiendo la financiación pública si no se cumplen una serie de normas establecidas por las administraciones.
Este asunto ha causado una polémica importante, en especial en las redes sociales, sobre hasta qué punto esta ley es democrática. Incluso algunos periodistas como Eduardo Inda (periodista y director de OKDIARIO) han llegado a comparar este registro de medios con las leyes de prensa franquistas, afirmando: “Sánchez plagia a Franco, crea un registro de medios y decidirá quiénes son periodistas”.
Se puede pensar que esta ley puede ayudar a responsabilizar a los periodistas y a luchar contra la inmensa cantidad de noticias falsas que circulan por la prensa, redes sociales e internet en general. Sin embargo, somos muchos los que pensamos que esta ley atenta directamente contra los valores democráticos, específicamente contra la separación de poderes, y la democracia en sí misma. Porque, aunque la prensa no es considerada oficialmente uno de los poderes de la democracia, no se puede concebir una democracia libre y sana sin periodismo libre e independiente. Esto se debe a que cada uno de los poderes de la democracia (poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial y la prensa) debe actuar con total independencia entre sí, y en este caso, al querer el poder ejecutivo controlar la prensa y querer determinar qué periodistas son realmente periodistas y cuáles no (porque ellos consideren que hacen mal su trabajo como periodistas), el periodismo se ve presionado y amenazado en este aspecto. Además, nos podemos preguntar quién determina si una información es verídica o falsa… ¿El gobierno? Entonces podría ser que cualquier información pueda ser etiquetada como falsa por el simple hecho de ir en contra del relato político de los partidos que conforman el gobierno, sin importar su color, o de los grandes partidos. De esta manera, podrían evitar que salieran a la luz o quitarles credibilidad a noticias incómodas que, tal vez, tengan que ver con ciertos comportamientos inadecuados, inmorales e ilegales por parte de políticos.
Otro aspecto de esta ley que considero un peligro es el empeño del gobierno en querer conocer las fuentes de financiación de los medios de comunicación de carácter privado. Se puede entender perfectamente que al gobierno le interese conocer cuánto dinero público se destina a cada medio de comunicación, dado que es el Estado quien gestiona y aprueba los presupuestos del Estado y, en este sentido, esta es una información que le compete saber. No obstante, el gobierno no debería interesarse en saber de donde provienen los ingresos privados que recibe, puesto que es algo que tan solo le compete a cada medio de comunicación y que no afecta en nada a la actividad del gobierno. Cederle esta información al gobierno sería darle una información y, por tanto, un poder que a él no le corresponde.
También hay que indicar la limitación que esta ley pretende imponer a los medios de comunicación de ingresar el dinero generado mediante la publicidad en sus propias páginas, tanto en físico como en digital.
Un último aspecto que hay mencionar es que, al limitar los ingresos que generan los mismos medios de comunicación y querer conocer los ingresos de fuentes privadas de los medios, el gobierno pretende de alguna forma que los medios de comunicación dependan del dinero público, del que, en mi opinión, no deberían de cobrar, para que de esta forma el gobierno tenga un mayor control sobre ellos, ya que su fuente de financiación principal es el mismo gobierno.
En definitiva, una intromisión de este tipo de los poderes políticos en el mundo periodístico provoca que un sector que debería ser totalmente independiente tenga una menor libertad de actuación para defender la democracia.
