He escuchado, no pocas veces a lo largo de estos días, a numerosos personajes justificar el acuerdo entre Sánchez y el independentismo a cuentas de la Presidencia de la Mesa del Congreso, en base a que el “precio a pagar” es tan solo el hecho de que las minorías catalanas, vascas o gallegas puedan expresarse en la lengua regional, no solo en el Congreso, sino también en la UE.
No solo he oído esta afirmación a personas de ideales de izquierdas de a pie de calle, a quienes el normal desconocimiento del muchas veces complicado funcionamiento de las instituciones les puede llevar a pensar en que esto es una cuestión banal. También he ido leyendo a varios “intelectuales” o “librepensadores” de izquierdas, afirmar incluso que es “escandaloso que esto no se hubiera hecho antes”.
Pongámonos en perspectiva y analicemos la cuestión. Las lenguas son instrumentos que el hombre creó para comunicarse. Es decir, el lenguaje y los idiomas, fueron la forma que permitió a nuestros ancestros comunicarse para entenderse y evolucionar. Y es por tanto la razón de ser de un idioma (el que sea) el de poder comunicarse y entenderse. Por tanto, a mayor homogeneización del lenguaje, extensión y comprensión del mismo, mayor probabilidad de entendimiento existirá. Y teniendo como tenemos en España una lengua común que además es una de las más habladas en el planeta, el intentar fraccionar la forma de entendimiento para satisfacer los egos de un puñado de diputados radicales, es atentar contra la inteligencia colectiva, amén de una rendición de las instituciones de todos los españoles a unas minorías clasistas que reniegan de las mismas.
Esto no quiere decir que lenguas como el catalán, el euskera o el gallego deban de ser prohibidas o maltratadas. De la misma manera que el castellano es o debería de ser la lengua común a todos los efectos, las lenguas regionales son un patrimonio de nuestra cultura y etnografía que deben de ser protegidas, conservadas y transmitidas a las futuras generaciones como parte indisoluble de nuestra identidad como país llamado España.
Hecho este inciso sobre la practicidad del uso de la lengua, permítame que entremos en la cuestión política y los costes del capricho de un puñado de diputados de expresarse como paletos provincianos en sede de la UE. Porque la cuestión de solicitar al Consejo de Europa la admisión de las lenguas cooficiales en el seno de la Unión no es una cuestión menor ni baladí que conviene tomarse mucho más en serio de lo que pretenden hacernos ver los altavoces de la izquierda.
Tampoco hará demasiada gracia que España quiera abrir un melón que el resto de países tiene, y con razón, bien cerrado
Y es que cabe recordar que, a diferencia de España, los países europeos tienen la extraña costumbre de tomarse las cosas en serio. De priorizar los verdaderos problemas frente a cuestiones banales, y a pasarse por el arco del triunfo los pleitos de lindes que tienen los países dentro de sus fronteras. Tal vez sea esa la verdadera “excepción ibérica”. Por eso, que la primera medida del Gobierno en funciones cara a la presidencia de turno de la UE sea solicitar que estas tres lenguas regionales sean cooficiales en el seno de la instituciones europeas, genera problemática y controversia.
El primero es de imagen. Que un país que lidera el paro juvenil en la UE, que ha alcanzado le récord de deuda pública en 1500 billones de euros, que tiene la inflación más alta de la zona euro o que cuya economía ha sido la última en recuperar el PIB pre-pandemia diga ante sus socios que su principal preocupación sea que unos cuantos diputados puedan hablar en su dialecto local, invita a que el resto de países de nuestro entorno nos tome por el pito de un sereno. Imaginemos a Macron, con sus problemas internos de pensiones o de altercados en los suburbios asumir la presidencia de la Unión pidiendo como primera medida que los sardos puedan hablar en su dialecto.
Tampoco hará demasiada gracia que España quiera abrir un melón que el resto de países tiene, y con razón, bien cerrado. No es solo España el país que tiene regiones con lenguas propias, sino que países como Bélgica, Francia, Alemania o Italia tienen también sus propios regionalismos (por no hablar de la parte rusófona de los países del este) y aceptar la petición española les puede suponer tener que abrir la caja de pandora en sus fronteras e importar los problemas españoles en sus propios territorios.
Y teniendo en cuenta lo anterior, tenemos que entender que para que la petición española prospere, se tiene que dar unanimidad de los miembros para sacar adelante el acuerdo. Y esto exige negociación. Y en una negociación, el que solicita algo, tiene que tener claro que algo va a tener que entregar a cambio. Más aún si con quien tienes que tratar, tiene poca o ninguna gana de exponerse a abrir en su país la caja de los truenos. Así pues nos podemos encontrar que la Italia de Meloni acepte el acuerdo a cambio de que aceptemos que la inmigración ilegal que soporten de Túnez o Libia desembarque en nuestros puertos. O que Francia acepte que Puigdemont pueda escucharse a si mimo en catalán a cambio de ceder cupos pesqueros en el Atlántico a favor de sus pescadores. O que Holanda exija subir los controles sobre el Aceite de Oliva para que pueda entrar más aceite marroquí sin controles sanitarios por sus puertos y hacer negocio frente a la debilidad de España.
Es decir, que el capricho de Puigdemont y la jauría independentista nos va a salir cualquier cosa menos gratis. Y esto Sánchez lo sabe. Y lo peor es que le da igual. Es un tipo que vendería a su hija al peso si le garantizase seguir en la Presidencia. Porque además, como buen socialista, siempre paga con el dinero de los demás. Y a pesar de ello, por alevosía o desconocimiento, tenemos a un sector de opinión español intentando justificar la tropelía. Si hablar en catalán en la UE fuera una cuestión banal, hace más de 30 años que los catalanes, vascos, sardos, friulanos o frisones lo estarían usando en las instituciones europeas. Porque si en algo es modélico el sistema de la Unión es en el garantizar y proteger los derechos de las minorías para tratar de cohesionar el siempre difícil equilibrio que ha supuesto intentar aunar bajo el paraguas continental a una colección de países tan diversos.
Por ello tienen que tener claro lo cara que nos va a salir la Mesa del Congreso. Precios que seguramente tengamos que pagar a medio plazo y que con toda seguridad el Gobierno disfrazará como imposición europea, cuando en realidad son cesiones que habremos hecho, por la irresponsabilidad de intentar mantener el poder a cualquier precio.
