Sin los jóvenes no hay futuro. Contra los jóvenes, menos aún. Cuando el Gobierno anuncia que suben todas las pensiones un 8,5% a un año de las elecciones lo que está haciendo es propaganda electoral. Peor aún: está hipotecando de forma irresponsable e insostenible el futuro de las nuevas generaciones.
Un par de datos: primero, desde 2008, cuando empezó esta crisis que luego con la pandemia se convirtió en una larga carrera de obstáculos para tener trabajo y para cobrar salarios decentes, las pensiones han aumentado un 43%; el salario medio, un 15% (un 6% en el caso de los jóvenes). Segundo, antes de la subida España ya tenía uno de los sistemas de pensiones más generosos de Europa en comparación con los salarios.
Así que la historia es sencilla: el Gobierno –este y el anterior, porque el populismo no es una ideología, sino una manera de hacer las cosas– no deja de aumentar ese gasto a un ritmo muy superior al de la media europea. Con la reforma del sistema, se disparará el coste anual de las pensiones –la subida es generalizada, no lo olvidemos– por encima del 16% del Producto Interior Bruto, todo un récord europeo. Y de nuevo, la otra cara de la moneda: la precariedad. Los ingresos de los que tienen entre 25 y 49 años apenas han aumentado un 8% en 14 años. Por el contrario, en Alemania la subida ha sido del 35% en Alemania y del 22% en Francia.
Y si vamos a menor edad, a los jóvenes entre 18 y 24 años, las cifras son peores: desde 2008, sus ingresos aumentaron un 7% frente al 40% de los de los mayores de 65 años. Sin embargo, los ingresos de los más jóvenes en las grandes economías de Europa han avanzado a ritmos muy distintos. En Alemania, un 29% más, en Francia un 21% más y en Italia un 11% más.
¿Por qué pasa esto? ¿Por qué las pensiones suben y los salarios de los más jóvenes se quedan en los huesos, sentando las bases de una alarmante brecha generacional? Porque los gobiernos del PSOE y del PP miran al corto plazo, piensan en las próximas elecciones, disparan el gasto en votantes fieles sin que les importe mucho qué pasará dentro de treinta o cuarenta años: no hay otra forma de verlo, cuando sabemos que la mitad de nuestro presupuesto en 2023 servirá para pagar pensiones y los intereses de la deuda generados como consecuencia de estas medidas populistas.
Alguno dirá: bueno, pero eso se compensa en educación, que, al fin y al cabo, es inversión en los jóvenes. Ojalá. De las cuatro grandes economías de la zona euro tenemos el gasto educativo más bajo de forma que España gasta el 12,7% del PIB en el pago de pensiones, pero solo un 4,6% en educación. Estamos por debajo de la media europea en inversión en educación, y el paro juvenil es, junto al de Grecia, el más alto de la UE.
La revalorización de las pensiones es además injusta y regresiva. Beneficia sobre todo al 20% de pensionistas más acomodados. La indexación por ley que plantea la reforma –es decir, la revalorización vinculada automáticamente al Índice de Precios del Consumo —es otra anomalía en Europa.
En Alemania, por ejemplo, no existe automaticidad en función de la inflación. Los ajustes anuales de las pensiones tienen en cuenta la evolución de los salarios de los trabajadores. En Francia la indexación beneficia solo a las pensiones más bajas. En Portugal, se ha limitado la subida media de las pensiones al 4% y las pensiones más bajas recibirán la subida más alta, como en Italia, donde solo las pensiones bajas están sujetas a una indexación automática por parte del gobierno. El modelo de Holanda, que ajusta las pensiones según el salario mínimo, es también interesante.
Solo una reforma que evite medidas populistas y no contribuya al gasto desbocado puede evitar la quiebra del sistema y dar seguridad a los derechos de trabajadores y pensionistas, ahora y dentro de unos años. Solo un pacto de rentas intergeneracional que incluya a pensionistas y trabajadores, del sector público y privado, puede asegurar un reparto justo de esfuerzos, la sostenibilidad del sistema de pensiones y un futuro despejado de deudas insoportables para los jóvenes.
Eva Poptcheva, eurodiputada de Ciudadanos, es vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo
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