La renta básica universal

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La renta básica universal (RBU) se viene estudiando desde el siglo XVI hasta la actualidad por filósofos, teóricos económicos y activistas.

La RBU viene a ser una prestación económica mensual fija que se otorga a todos los ciudadanos de un país o de un territorio en concreto,  independientemente de su situación económica para cubrir los gastos básicos de subsistencia.

En Cataluña, la RBU no sería igual para todos, sino de acuerdo a los ingresos y necesidades de cada uno. No existiría ningún tipo de discriminación para percibirla. Además, se establecería un sistema de control para que se cumplan los requisitos de su percepción y prevenir el abuso del sistema.

El dinero para pagar esta prestación provendría del cobro de un impuesto único anual a los contribuyentes.

En los últimos tiempos se vuelve a hablar de la RBU, debido al aumento de la precariedad laboral provocada por el cambio en los modos de producción, donde las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y la robotización, están cambiando la manera de trabajar. Desaparecen unos trabajos y aparecen otros, que requieren de nuevas herramientas y nuevos conocimientos y habilidades que deben poseer los empleados. Esto provoca que cada vez se requiera de menos fuerzas de trabajo, entonces, surge la pregunta qué hacer con estas personas desempleadas para que no caigan en la pobreza y mejorar su calidad de vida.

Es una preocupación que tienen los gobiernos, por eso muchos de ellos han reaccionado realizando estudios para encontrar alguna solución para aplicar en sus respectivos países, porque las medidas deben ser las adecuadas para cada entorno en concreto. Estos estudios han sido realizados en países desarrollados y en vías de desarrollo como: Finlandia, Canadá, Suecia, España, Países Bajos, Noruega, Francia, Reino Unido, Italia, Estados Unidos, India, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Uruguay, Uganda, Ruanda, Kenia, Tanzania, Ghana, etc.

En el caso de España, y más concretamente en Cataluña, se lleva hablando del tema desde el año 2001, y el partido político que más se ha implicado es ERC, seguido de ICV (actualmente los Comunes) y el PSC. Adquiere mayor notoriedad el año 2011 con el Movimiento del 15-M, pero fue en el año 2021, cuando ERC y la CUP llegaron a un acuerdo de investidura en el cual se incluye la creación de un “plan piloto” para estudiar la RBU. En junio se creó una oficina, en septiembre se nombró a un Director y en diciembre se presentó el Plan Piloto de la Renta Básica Universal, y en febrero de 2022 se constituyó un equipo técnico que diseñó el plan.

Y, el pasado 10 de marzo, el PSC, JxCat, C`, PP y Vox, se negaron a aceptar a que la RBU fuera incluida en los presupuestos de 2023, para el cual se habían destinado 40 millones de euros. El PSC afirmó que “no se había consensuado con anterioridad durante la firma de los presupuestos”. Entonces, el gobierno de ERC, viéndose en esta situación decidió que sería un tema que llevarían ellos directamente, aunque ya lo estaban haciendo y verán la manera de financiarlo.

En octubre de 2022, el equipo técnico anunció el estudio, que consiste en: escoger 5.000 personas, de las cuales 2.500 serán elegidas al azar de toda la población de Cataluña, sin discriminación alguna (edad, género, estado civil, condición económica, situación laboral, etc.) y otras 2.500 serán de dos pueblos pequeños. No se tendrá en cuenta el nivel de ingresos de los participantes, y  no tiene nada que ver con otras prestaciones sociales. Se dará cada mes, 800 euros a cada adulto y 300 euros, a los menores de 18 años. Tienen un presupuesto de 4 millones de euros. La prueba durará dos años y uno para sacar las conclusiones del estudio.

El objetivo del estudio es comprobar si ante la precariedad laboral, la subida de los alquileres o la robotización, la RBU podría servir para acabar con la pobreza y la exclusión social.

Además, el Gobierno catalán realizó una encuesta entre septiembre y noviembre de 2022, para saber qué pensaba la población catalana respecto a la RBU, participaron 3.000 personas y dieron  los siguientes resultados:

  • El 85% de la población está de acuerdo en que se dé una RBU.
  • El 76% cree que se debe realizar primero una prueba piloto.
  • Los votantes de los diferentes partidos están de acuerdo en que se dé una RBU a la población, pero en menor proporción los votantes de los partidos del PP  y Vox.
  • El 20% no está de acuerdo porque piensan que: desincentivaría la búsqueda de empleo, es injusta y podría provocar un efecto llamada a la inmigración y provocaría más pobreza.
  • El resto lo ve positivo porque: vivirían más tranquilos y seguros, serían más felices, sería una buena fórmula para combatir la pobreza y aplicar la solidaridad y la justicia social.
  • Las personas que recibirían la RBU la utilizarían para: volver  a estudiar o seguir formándose, pagar deudas, tomarse un año sabático, contratar un servicio doméstico, emprender un negocio y los jóvenes para pagar la vivienda.

Por otro lado, existen dos posiciones respecto a conceder o no la RBU. En general están a favor los partidos de izquierda y en contra los partidos de derecha.

Los argumentos a favor: estabilizaría el nivel de vida de los ciudadanos, mejoraría la participación en la economía y reduciría la pobreza. Para ellos esta prestación es vista como una forma de garantizar la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos.

Los argumentos en contra: significaría una gran inversión en costes administrativos y de implementación, algunos se podrían ver incentivados a la inactividad y podría significar una importante pérdida de ingresos para el Estado, ya que los impuestos no se aplicarían a los ingresos recibidos. Piensan que existen otras maneras de ayudar a la gente necesitada, Por ejemplo, fortaleciendo el sistema de ayudas sociales existentes.

Por otra parte, relacionando la RBU y el grado de pobreza de la población española, tenemos según el informe AROPE de 2022, que el grado de pobreza en el año 2021 de España, es del 27,8% y en estos momentos el porcentaje posiblemente se haya elevado debido a que se vienen cerrando miles de empresas cada año y como consecuencia tenemos la pérdida de empleo de muchos trabajadores.

No todos los organismos oficiales ofrecen la misma cantidad de cierres de empresas, por ejemplo el Colegio de Registradores, indica que a diciembre de 2022 se han extinguido o cerrado 37.221 empresas, es posible que debido a los costes laborales, suministros de materias primas, energía, impuestos, etc.

Entre las zonas de España con mayor pobreza, tenemos: Andalucía y Extremadura (38,7%), Murcia (33,8%), Castilla-La Mancha (32,5%), Valencia (30%) y las regiones que mejor están son Navarra  14,7% y País Vasco con 16%. En el caso de Cataluña estamos en un 22,3% y Madrid con un 21,6%.

A nivel europeo el nivel de pobreza es el siguiente: Rumania (34,4%), Bulgaria (31,7%), Grecia (28,3%) y España se encuentra en el cuarto lugar (27,8%).

Según la OpenAI API, en España las Comunidades Autónomas que han puesto en práctica la RBU son Navarra y la Rioja. Navarra con un programa piloto de 500 beneficiarios desde junio de 2019 y la Rioja con un programa piloto para 800 beneficiarios, desde noviembre de 2019. Los resultados de su aplicación en ambas comunidades son: se han reducido las desigualdades de ingresos, mejora la salud mental y física de los perceptores y contribuye a mejorar la economía local.

Así mismo, Navarra y el país Vasco tienen menos pobres que el resto de España, debido a la mejor distribución de sus recursos, una mayor inversión en educación, una mayor disponibilidad de empleo, una mejor protección social y una economía más sólida.

Por último, las conclusiones a las que han llegado los diferentes países que han realizado los estudios, varían de un país a otro, y se deben evaluar caso por caso, pero en general las ventajas encontradas son: puede reducir la pobreza; mejorar la calidad de vida de las personas; reducir el estrés financiero y la ansiedad, lo cual puede mejorar el bienestar mental y emocional; puede mejorar el acceso a la educación y a los servicios de salud; aumentar la participación laboral; estimular el crecimiento económico y reducir el gasto público en programas de asistencia social.

Las desventajas encontradas son: el aumento del trabajo informal y el riesgo de una mayor dependencia de los pagos de la RBU.

Igualmente, recomiendan tener en cuenta los diferentes riesgos que presentan: desincentivo al trabajo; aumento de la desigualdad; aumento de la inflación; desperdicio de los recursos públicos mal usados; cambios en la estructura económica ya sea positiva o negativa; aumento de la dependencia del gobierno; reducción de la productividad; aumento de los impuestos para financiar la RBU y perjudicar al consumo y al crecimiento económico, y creación de una dependencia económica.

En conclusión, es un tema complejo, que depende de la ideología política del partido que ponga en marcha ésta prestación. Lo real es que estamos viviendo en la cuarta revolución industrial de la tecnología, y se hace necesario que la población en general se adapte a ella. Existen medidas que se pueden realizar para hacer frente a la pobreza y poder salir adelante, como por ejemplo:

  • Mejorar la educación de los niños y jóvenes, y para ello se debe actualizar la preparación y formación de los docentes.
  • Incentivar la creación de empleo de calidad, disminuyendo los impuestos a sus creadores. No aumentar excesivamente los tributos a las empresas sean del tamaño que sean porque huirán y se llevarán sus capitales a donde se les da mayores facilidades.
  • Realizar políticas atractivas para atraer al capital extranjero para que vengan a invertir e instalarse en España.
  • Reducir la administración pública y aumentar su transparencia y así la población sepa en que se utiliza el dinero de todos de forma eficaz.
  • Aumentar el acceso a la tecnología y con ello mejorará sus conocimientos y por ende podrá mejorar su economía.
  • Mejorar la formación profesional de los jóvenes y así podrán tener unos ingresos económicos para vivir dignamente.
  • Fomentar la participación ciudadana y así tener voz en la toma de decisiones.
  • Promover la igualdad de género, es decir, que puedan tener los mismos derechos y oportunidades. A igual trabajo, igual salario.
  • Tener un buen sistema sanitario público, con recursos humanos de calidad y que estén bien pagados. No todos pueden recurrir a un sistema sanitario privado, bastante tienen si pueden llegar a fin de mes.

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