Después de varios días de declaraciones de los acusados y testigos de ambas partes, el caso de la presidenta suspendida del Parlamento catalán, Laura Borras, quedó visto para sentencia. La Fiscalía de Cataluña, mantiene para ella la condena de seis años de prisión y 21 de inhabilitación y 144.000 euros de multa por los delitos de prevaricación y falsedad documental por haber adjudicado presuntamente 18 contratos menores a su amigo Isaías Herrero, para desarrollar una página Web de la Institución de las Letras Catalanas, por un valor de 335.700 euros, entre los años 2013-2017, cuando era la directora de dicho centro. Para su amigo y el compañero de éste, por haber reconocido los hechos sus penas se redujeron. Para Isaías Herrero, se pide dos años de cárcel y cinco años y cuatro meses de inhabilitación para desempeñar cargo público y para Andreu Pujol, un año y dos meses de prisión y tres de inhabilitación.
En caso de confirmarse la sentencia se producirán movimientos en el Parlamento catalán, de momento sigue siendo su presidenta retirada, mientras se espera la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Si es apartada por corrupción, debería dejar su cargo y ser sustituida por otro diputado, no se sabe si será de JxCat, pero con ellos se rompió la coalición de gobierno, o del PSC, que es con quien firmaron los presupuestos de 2023 y por haber obtenido la mayoría de votos (652.858) en las últimas elecciones autonómicas de Cataluña, realizadas en febrero de 2021.
Igualmente, se le retirarían los privilegios económicos. Los presidentes y expresidentes de la Generalitat de Cataluña, si son condenados por corrupción, producido por lucro personal o para terceros, se le dejaría de pagar el 80% de su sueldo (155.570 euros) durante 4 años. En caso que se le reconozcan 2 años de ejercicio en el Parlamento catalán, tendrá derecho a cobrar el 60% de paga vitalicia.
Y en JxCat, no está claro que deje de ser su presidenta, aunque sea por corrupción, porque desde hace unos meses, se contempla el caso de “lawfare”, es decir, haber sido juzgado por los tribunales con el fin de lograr un desgaste político.
La situación en su partido no es fácil, es caso de ser apartada, se nombraría a un nuevo presidente. Se comenta que el secretario general de JxCat, Jordi Turull i Negre, quedaría en minoría al haber sido inhabilitado para ejercer cargo público hasta el año 2030, por el Tribunal Supremo. Y se reactivaría a Josep Rull i Andreu, quien quedó en libertad por la eliminación del delito de sedición y Jaume Giró i Ribas. Además, el candidato a las elecciones municipales de Barcelona, Xavier Trias i Vidal, está intentando atraer a su lista a miembros de pequeños partidos hereditarios de la extinguida Convergencia, del PSC y ERC. En caso de ganar las elecciones municipales está dispuesto a llegar a acuerdos con ellos.
Y por si fuera poco, en vista que el independentismo, “parece” que se está diluyendo, debido a que por diferentes motivos están separados en “teoría”, entonces se está incorporando al ex presidente catalán, Jordi Pujol, quien está incentivando a una gran movilización para “salvar el catalán”, afirmando: “Para Catalunya es un hecho absolutamente decisivo y en estos momentos vuelve a estar en peligro grave”.
Por otro lado, la semana pasada, se celebró la apertura del Movil World Congress, al que asistieron, el Rey Felipe VI, el presidente del Gobierno y ministros. El Presidente catalán y la alcaldesa de Barcelona, no acudieron a recibir al Rey ni a tomarse la foto oficial, pero sí estuvieron a la hora de la cena.
Así mismo, Pere Aragonès, sigue reclamando la celebración de una mesa de diálogo, porque dice que el presidente del Gobierno central, debe cumplir lo ahí firmado. Al parecer de momento no se celebrará ninguna, pero si se continúan realizando reuniones bilaterales para tratar cuestiones de gestión de la agenda catalana.
Para el presidente catalán, es un conflicto entre instituciones y en caso que el próximo gobierno esté presidido por el Partido Popular y Vox, él estaría dispuesto a seguir negociando con ellos en la mesa de diálogo.
Por otra parte, el pasado martes, se celebró una audiencia pública en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, donde participaron cuatro expertos. En la sala se habló de la situación de la lengua española en Cataluña, que en estos momentos se la trata como cualquier otra lengua extranjera, impuesta en todos los ámbitos, ya sea en la etapa educativa desde los 0 años en adelante, tanto dentro como fuera de las aulas, la universidad y en todos los ámbitos de la vida. La reunión realizada responde a una denuncia planteada hace cinco años por la Asamblea por una Escuela Bilingüe. Iniciada la reunión, abandonaron la sala el grupo de los Verdes, la Izquierda y los Socialdemócratas.
Cada uno de los cuatro ponentes expuso su punto de vista:
Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, reclamó que se cumpla el Estado de derecho en Cataluña y declaró: “el respeto a las regulaciones nacionales sobre las lenguas oficiales y cooficiales es reclamado en todos los órdenes jurídicos europeos”.
Jorge Calero, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona, afirmó que a través de sus estudios empíricos realizados, puede afirmar que existe menor rendimiento de los alumnos castellanoparlantes, sobre todo “los chicos” de “colegios públicos”, y que no se puede decir que el “modelo educativo en Cataluña sea un modelo de éxito” y pidió que se realicen más pruebas independientes al respecto y que se haga una prueba de español en España.
Jesús Rul, fue inspector de educación en Cataluña, declaró que el castellano es una lengua residual en la escuela catalana y que: “los catalanoparlantes estudian en su lengua, pero los castellanoparlantes están obligados a vivir en una segunda lengua”. Igualmente afirmó que el modelo de inmersión lingüística es un modelo voluntario que se obliga a los alumnos castellanoparlantes y que no es un modelo de éxito. Defiende el uso de la lengua materna porque permite que los alumnos aprendan a “leer más rápido y favorece el aprendizaje de una segunda lengua”.
Manuel Acosta, Licenciado en Geografía e Historia y Doctor en Filología por la UNED, pidió que los padres puedan elegir la lengua en que deben estudiar sus hijos y que se “garantice una educación bilingüe real”, que en estos momentos no se da en Cataluña.
Hay que mencionar, además que en el segundo semestre de este año, vendrá una comisión de europarlamentarios para analizar el modelo de inmersión lingüística y estudiar la situación del español en las escuelas catalanas.
Relacionado con el tema de la lengua, esta pasada semana, se hizo viral en las redes sociales un video de una enfermera de Cádiz, que trabaja en el hospital Valle de Hebrón, en Barcelona, donde manifiesta que para trabajar en Cataluña, se pide realizar unas oposiciones y para ello se requiere tener conocimiento de un nivel C-1 de catalán.
Esta enfermera debido al revuelo que se ha montado ha tenido que pedir la baja laboral, ha sido expedientada por manifestarse, acosada por las redes sociales y por algunas autoridades independentistas, sindicato, por personas de comunidades bilingües y por la prensa subvencionada.
A esto se suma una demanda presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por 42 profesionales sanitarios, representados por las asociaciones de Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana, estos reclaman, que se elimine el nivel C-1 de catalán, que cuente como mérito y que todos los españoles se puedan presentar a las oposiciones en igualdad de condiciones (art. 14 CE), al igual que un ciudadano de Cataluña puede ir a cualquier otra comunidad a opositar.
Por último, mencionar que la Generalitat de Cataluña, presentó un anteproyecto de ley de “memoria democrática”, que será aprobado este martes y enviado para continuar su trámite parlamentario. A través del cual se introducirá la formación obligatoria en “memoria histórica” a los alumnos a partir de los 6 años de edad hasta finalizar el Bachillerato y la FP, personal docente y de la administración pública. Además, se sancionará la exaltación al franquismo, la retirada de símbolos franquistas en un plazo de dos años, el 14 de abril se celebrará el día de la proclamación de la Segunda República, el 7 de noviembre se homenajeará el día de la constitución de la Asamblea Nacional de Cataluña, etc.
En conclusión, se pide erradicar la corrupción del tipo que sea en los políticos y servidores públicos que se ocupan de los intereses de la población catalana y española. Estos están para velar por el buen uso de los bienes públicos y no para hacer con ello lo que les parezca porque tarde o temprano tendrán que rendir cuenta de sus actos.
Así mismo, el Gobierno catalán, debe cumplir y hacer cumplir la Constitución Española y las leyes, y no aplicar a su conveniencia la inmersión lingüística en lengua catalana a la población estudiantil castellanoparlante y docentes de los centros educativos y universidades catalanas, así como al resto de ámbitos laborales porque crea barreras de entrada y con ello incumple la Constitución Española en sus artículos 3, 14 y 139.
En cuanto a los derechos lingüísticos, ha llegado la hora de que se ponga fin a las luchas de dominación a través de ella, porque los perjudicados son los alumnos, docentes y trabajadores de todos los ámbitos porque son los que sufren en sus propias carnes las consecuencias y muchos callan por temor a las represalias. No es correcto que durante tantos años las lenguas regionales, quieran liquidar la lengua oficial del Estado en sus respectivos territorios, negando un derecho a unos y beneficiando a los suyos, creando redes clientelares.
Como ejemplo práctico hemos visto la discriminación lingüística que sufren los sanitarios en Cataluña y en otras regiones con lenguas cooficiales. Los políticos y los servidores públicos deberían estar para facilitar la vida a la población en general y si todos pagan impuestos, entonces todos deberían tener los mismos derechos. No es de extrañar que muchos sanitarios y de otras profesiones decidan emigrar al extranjero donde serán reconocidos, cobrarán más y de paso perfeccionarán ya sea el inglés, alemán, francés, etc.
Si en España los diferentes gobiernos hubieran solucionado el tema lingüístico, no hubiera hecho falta que la sociedad civil, políticos y especialista hayan tenido que ir a explicar al Parlamento Europeo que en Cataluña se aplica la inmersión lingüística obligatoria en catalán y que para ello el Gobierno catalán contó con el apoyo del PSC y los Comunes en estos últimos presupuestos de 2023, y en los últimos días al nombrar a María Jesús Larios, como su candidata para formar el Consejo de Garantías Estatutarias en el Parlamento de Cataluña, esta es defensora de la inmersión lingüística en catalán y ocupará el puesto dejado por la magistrada del Tribunal Constitucional, Laura Díez.
Se olvidan que la lengua española es una de las lenguas más habladas del mundo y en el ámbito del Derecho español en coordinación con los principales partidos de la nación, se espera que la lengua española sea reconocida como uno de los idiomas a utilizar en el Tribunal Internacional de Justicia, con sede en La Haya, en el cual de momento sólo se utiliza el francés y el inglés. En caso de conseguirlo se permitiría que millones de personas que no entienden el inglés y francés tengan acceso a la jurisprudencia en lengua española, además permitirá que los países de habla hispana puedan solucionar conflictos en la lengua común que ambos conocen.
Finalmente, no se puede estar continuamente mirando hacia atrás y adoptando la ola del revisionismo histórico de hechos ocurridos hace muchos años, que están realizando los gobiernos de algunos países de izquierdas, porque impide mirar y caminar hacia delante, reconociendo que de la historia se aprende si está elaborada imparcialmente de forma científica, puesto que tenemos delante un futuro complejo en el que ya estamos inmersos.
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