Consumada la pantomima de la consulta a la militancia, lo que hace unos meses era imposible, ahora es una necesidad. La amnistía, de la que el PSOE ha renegado hasta el 23J será una realidad en cuanto se abra el Congreso de los Diputados. Que sea o no legal será lo de menos. Lo importante será conseguir la investidura de Sánchez y un regreso triunfal de Puigdemont. Su encaje en la Constitución será una patada a seguir. Ahora lo importante es formar un gobierno de izquierdas –apoyado en la extrema derecha catalana y vasca- al precio que sea.
Los opinadores de la izquierda, los mismos que hace pocas semanas llenaban minutos en tertulias hablando de la inconstitucionalidad de la amnistía, de repente han visto la luz y esta ha pasado de ser ilegal a ser necesaria. De ser imposible a ser deseable y los argumentos que hace pocas fechas se repetían como mantras, son caducos y propios de la ultraderecha. No cabe más hipocresía y cinismo entre tanto intelecto patrio.
Lo que se está pactando es la hoja de ruta para el derrocamiento del orden constitucional. El primer paso es la amnistía y el traspaso de competencias de forma desigual.
La mayor parte de la sociedad española, cualquiera que sea su ideología, siempre responderá que ante un conflicto prefiere una solución dialogada a la confrontación. Y es la negociación política un arma deseable para la resolución de cualquier dilema social. Pero cualquier negociación o diálogo político carece de sentido cuando una de las partes en conflicto violenta el Estado de Derecho o el orden constitucional. Por eso la democracia, al menos el modelo de democracia liberal al que debemos aspirar, es algo más que el derecho al voto. Es también el Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia del poder judicial. Para que las reglas del juego sean para todas y todos las mismas.
Una salida dialogada e incluso una amnistía, serviría para cerrar heridas por la ruptura social que el independentismo perpetró en Cataluña, si el independentismo tuviera voluntad de reconciliación.
Un atisbo de arrepentimiento y una intención verdadera de no volver a romper la convivencia. Sin embargo, ninguna de estas circunstancias se están dando o se van a dar. El independentismo sigue con su hoja de ruta del chantaje y la amnistía lo único que hace es borrarles la hoja de delitos, que les permite volver a la casilla de salida con el mismo plan. Ese plan que el estado de derecho, los cuerpos y fuerzas de seguridad y la autoridad judicial detuvieron.
El manido argumento que escuchamos estos días que nos dice que la amnistía es un proceso necesario para curar heridas, similar a la amnistía del 77 no es más que una burda excusa que sólo pretende meter al franquismo en el contexto, sabedores de que la sola mención al régimen dictatorial les transfiere automáticamente patente de corso sobre la moralidad de la cuestión. Como si los precedentes o situaciones fueran similares. En la transición, la amnistía fue una solución necesaria para borrar los delitos por los que se perseguían a los demócratas y ambas partes tenían clara una realidad; que debían de convivir bajo el mismo espacio social, político y jurídico y que debían respetar. Una máxima que el independentismo se niega a aceptar.
Pero sobre todo hay una cuestión que desmonta moralmente cualquier argumento de la izquierda española sobre la amnistía. Y es que este debate sólo se ha abierto por la necesidad de Pedro Sánchez de los 7 votos que le pueden convertir en Presidente. Si la aritmética parlamentaria hubiera dado una posibilidad de Gobierno a uno u otro lado del tablero político, la amnistía no estaría en el debate. Volvería como hace unas semanas, a ser innecesaria, despreciable e inconstitucional.
Llevo días pensando que lo que se está pactando estos días entre bambalinas va mucho más allá de una investidura o legislatura. Lo que se está pactando es la hoja de ruta para el derrocamiento del orden constitucional. El primer paso es la amnistía y el traspaso de competencias de forma desigual. Y nos irán preparando el terreno de lo caduca que es nuestra Constitución.
Y para cuando la justicia tumbe la amnistía y se forme un galimatías jurídico sobre si se debe o no juzgar, dentro de varios años a unas personas que ya hemos normalizado su libertad, abrirán el melón de una nueva Constitución a la carta del separatismo.
Una Constitución que llamarán “federal” donde Cataluña tenga control absoluto sobre infraestructuras como el Aeropuerto del Prat, la justicia no dependa del control constitucional o la selección catalana pueda disputar el Mundial. Pero donde el déficit de gestión del aeropuerto lo sufragará el Estado y el Barça jugará la Liga y la Copa del Rey.
En definitiva, lo que sueña el independentismo. Una pseudo-independencia en la que solo pertenecerán a España por las ventajas que les ofrecerá un Estado que les sufragará el déficit y les permitirá seguir siendo parte de la Unión Europea a cambio de aumentar sus chiringuitos ideológicos y colocar a su gente.
Pero será una Constitución de geometría variable. Donde los privilegios de catalanes y vascos se sufragarán con las penurias de los de siempre, bajo el yugo de una España subvencionada en la que todo dependerá de un Estado ahogado por la deuda.
Pero al menos, no gobernará la Derecha.
