Después de los indultos, las concesiones del PSC, las reuniones de la mesa de sometimiento, el chantaje y el apoyo de Pedro Sánchez al independentismo, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dado a conocer la noticia de que mantenido contacto con miembros del PSOE para que su regreso a España no tenga consecuencias para él. “Seguro que Pedro Sánchez sabe de lo que hablo”, fueron sus palabras.
La historia se repite, porque, además, recientemente, hemos podido conocer que la Generalitat, llamémoslo donó, dinero al Comité de Derechos Humanos de la ONU, coincidiendo con que días antes, salió a la luz la resolución del comité donde daba la razón al exvicepresidente Oriol Junqueras y varios exconsejeros. Por si todo fuera poco, Junts -partido que lidera Laura Borràs-, va a proponer -según su portavoz-, una reforma exprés del reglamento del Parlament de Catalunya para que las resoluciones del Comité de la ONU sean vinculantes, lo que crearía un conflicto de intereses a favor del independentismo y en contra de la Justicia.
Se supone que un presidente del Gobierno tiene que estar firme en cuanto a las sentencias judiciales y oponerse totalmente a los indultos por incumplimiento de la Constitución o del ordenamiento jurídico, algo que a Sánchez poco le importa, claro ejemplo, el indulto a los condenados, menos a los fugados que tienen cargo público de eurodiputado, aunque ahora, el Europarlamento -y gracias a Ciudadanos Europa-, exige que juren la Constitución en el Congreso de los Diputados al descubrir que no validaron sus credenciales. Pero claro, cómo va a jurar la Constitución un señor que dio un golpe de Estado, que llama a incumplir las leyes y a acosar jueces.
Infamia es una palabra que el presidente del Gobierno desconoce o no le importa el significado. Si damos un repaso a la hemeroteca, solo vemos mentiras a los españoles. «Traeré a Puigdemont», «no indultaré a los golpistas», «no pactaré con Podemos», aunque ahora, tras la campaña electoral y cerca de la próxima, las palabras son «ETA ya no existe», «debemos solucionar el problema de Cataluña» y «nos sentaremos a pactar con ERC».
Incluso, Sánchez decidió fulminar, o, mejor dicho, quitar del medio, al que ejercía como jefe del caso del Procès, Edmundo Bal, aunque todavía nos hacemos la misma pregunta que él mismo le planteó en el Congreso, ¿fue ERC o Junts quien le dijo que debía quitarlo del medio? Pregunta que también nos podemos plantear con la expresidenta del Tribunal de Cuentas, Margarita Mariscal de Gante, el coronel Pérez de los Cobos, y la exdirectora del CNI, Paz Esteban.
La reforma del delito de sedición
No conforme con todo ello, Sánchez con el beneplácito del PSC, quiere seguir minando las instituciones de España con la delirante propuesta de la rebaja del delito de sedición. Y, como siempre, ha puesto en marcha toda la maquinaria de medios para engañar a los españoles, para hacerles creer que la legislación española sobre la sedición y rebelión es decimonónica, que es cuasi franquista – ese Franco que es tan manido por Sánchez – y que es imprescindible su reforma.
No es imprescindible revisar el sistema de pensiones que va a explotar. Tampoco lo es regular las nucleares como fuente alternativa de energía ante los estratosféricos precios de la luz y gas. No. Lo imprescindible para los españoles en este momento, según Sánchez, es rebajar o eliminar el delito de sedición.
Una reforma que, para quien es imprescindible es para el propio Sánchez, para seguir apoyándose en los separatistas. Y para contentarles, para que estos puedan volver a dar un golpe de estado, esta vez sin consecuencias, hay que eliminar el delito de sedición.
Para desmontar ese nuevo engaño de Sánchez es necesario que la realidad se imponga a la ciencia ficción. En España el código penal regula dos tipos de delitos: uno el de rebelión, que se enmarca dentro de los delitos contra la Constitución y, otro, el de sedición dentro de los delitos contra el orden público. En mi opinión lo ocurrido en Cataluña en 2017 era, sin lugar a dudas un delito de rebelión. Es decir, un alzamiento violento y público para declarar la independencia con penas de 15 a 25 años. Y no sedición, con penas de 10 a 15 por ser autoridad.
Pero volviendo a la “excusa” de Sánchez, nos debemos preguntar ¿es cierto que España tiene penas muy superiores que el resto de Europa por idénticos delitos? Y la respuesta es no. Para no cansar al lector que ha llegado hasta aquí, lo haré de forma esquemática.
Francia. Su código penal castiga con penas que van de un mínimo de 10 a 15 años a cadena perpetua por acciones insurreccionales que atenten contra la integridad territorial
Alemania. Homologable al delito de alta traición, con penas de cadena perpetua o prisión de mínimo 10 años. Y es este el delito equiparable dado que contempla el que con fuerza o amenaza de fuerza emprende acciones para socavar la existencia de la RFA o para cambiar el orden constitucional.
Belgica. Castiga con penas de 20 a 30 años al que tenga intención de destruir o cambiar la forma del Estado
Italia. Su legislación castiga con penas de 12 años a quien atente contra la integridad, independencia y unidad del país.
Portugal. Su condena a quien intente separar una parte del territorio es de 10 a 20 años de prisión.
Por tanto, la conclusión, la única conclusión es que ningún país de nuestro entorno tiene condenas inferiores por hechos similares al golpe a la democracia que los separatistas llevaron a cabo en otoño de 2017.
No nos dejemos engañar, España merece que seamos capaces de ver la realidad y defender nuestro Estado de Derecho pese a los delirios de Sánchez y sus socios separatistas.
