La regulación de la elección del Consejo General del Poder Judicial ha sido, históricamente, exprimida al máximo por el Partido Popular y el Partido Socialista para conseguir controlar la designación del órgano del Gobierno de los jueces, intentando con ello guiar al Poder Judicial en sus decisiones. Lo último ha sido ver cómo Podemos y el Partido Comunista de España se han aventurado a predecir las futuras resoluciones, sin tan siquiera estar planteadas, del Tribunal Constitucional. Un esfuerzo inconmensurable que combina un poder de predicción ajeno a toda naturaleza humana y unos tintes totalitarios de un nivel similar. Mientras, ahora el PP, tras dos mayorías absolutas, presenta una ley para conseguir lo que otros pedimos desde hace años, intentando expiar sus pecados y redimirse en lo que ha sido una burla a los españoles.
Ya, Montesquieu, y antes Rosseau, en el S. XVIII, dejaban clara la importancia de la separación de poderes en la construcción de una verdadera democracia, que por motivos evidentes fue bautizada como liberal. Por desgracia, España ha tenido tres siglos para entender esta idea tan sencilla y no ha sido capaz. Tampoco en nuestra historia democrática. En el año 1978 se aprobaba la Constitución Española, donde se plasmaba que de los veinte vocales, doce serían elegidos por las Cortes Generales.
No hace falta explicar el contexto en el que se aprobó la Constitución Española, y que por tanto su redacción no es perfecta, aunque haya permitido a nuestro país vivir el periodo de más libertad, más democracia y más prosperidad de nuestra historia. Sin embargo, partidos de todos los colores han conseguido interpretar y aprovechar al máximo este precepto, para controlar de forma directa o indirecta el Gobierno de los Jueces.
Fueron los liberales, hace ya tres siglos, quienes defendieron por primera vez la independencia de los tres poderes del Estado, Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. Ahora, somos también los liberales los que vemos con estupor, y, muchas veces, hasta con vergüenza ajena, las negociaciones, como si de un zoco se tratase, que, entre políticos, determinan el futuro del Poder Judicial cada cinco años. También, somos ahora los liberales, y desde hace ya años, quienes defendemos algo tan básico: que los jueces elijan a los jueces.
En los últimos meses, hemos visto la voluntad clara del Gobierno de España en “desjudicializar la política” ante el grave problema político -pero también jurídico- en el que se convirtió Cataluña en el año 2017. Sin embargo, con el paso de tiempo, se muestra de forma cristalina que su intención nunca fue desjudicializar la política sino politizar la justicia. Todos hemos visto, en directo en la cadena del régimen -RTVE, por si queda aún algún despistado- a quien formará parte del Tribunal Constitucional incitar a la necesidad de superar las leyes; mientras, oímos como sin miedo alguno a aquellos que han sido recién indultados gritar: ¡lo volveremos hacer! Un caos jurídico creado por políticos.
Concluyendo, la importancia de la separación de poderes no es un capricho liberal, sino un presupuesto para la democracia y la libertad, no la nuestra, la de todos. Cuando las leyes se redactan democráticamente -otro debate que nuestra sociedad podría abrir- y quienes las aplican son independientes del resto de poderes, nuestras libertades están garantizadas; mientras que cuando la justicia obedece a quienes hacen unas leyes liberticidas, la única libertad consagrada es la de quien ejerce su poder de forma totalitaria. Por ello, es obligatorio confrontar contra quienes no quieren la separación de poderes si queremos que quienes no tienen el poder también sean libres.
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