El que venga detrás, que arree. Esta campaña electoral está muy complicada; todo lo que no sea eso no es importante.
Así habla el gobierno. Así habla con los hechos: la aprobación del decreto-ley de las pensiones es un atraco intergeneracional en diferido y a toda velocidad. En menos de tres semanas se ha liquidado un asunto de enorme trascendencia para las cuentas públicas de España. Ni el ejecutivo ni los sindicatos que le han apoyado han considerado necesario un debate más tranquilo y profundo; la consecuencia es una reforma injusta e irresponsable, sin consenso, de corto alcance y que desdeña los problemas demográficos.
Sabemos que las cotizaciones de los trabajadores en activo son las que financian las prestaciones, las pensiones que se están recibiendo. El sistema no es una hucha, es un reparto. Por eso lo que necesita es que haya equilibrio entre los que cotizan y los que reciben; lo que se llama tasa de dependencia. Y eso es lo que este decreto-ley no tiene en cuenta: que cada vez hay más pensionistas –la esperanza de vida ha aumentado— pero que no crece de igual forma el número de trabajadores –ni, desde luego, crecen sus salarios— que hacen falta para pagarlas.
La reforma electoralista del gobierno tiene tres puntos básicos: deroga el factor de sostenibilidad (que ajustaba el importe de las prestaciones en función de ese incremento de la esperanza de vida), establece la indexación de las pensiones (su revalorización según el Índice de Precios de Consumo, IPC) y fija un llamado mecanismo de equidad intergeneracional basado en la subida de las cotizaciones, es decir, quiere equilibrar el sistema aumentando las aportaciones de los trabajadores en activo.
Para los jóvenes se trata de unas subidas fuertes e injustas. Es un horizonte negro el que se les dibuja. Desde que comenzó la primera de las crisis de la última década y media, las pensiones han crecido un 43%. ¿Y el salario medio? Un 15%. El sistema era ya generoso, con un coeficiente de beneficio –la pensión recibida con relación al salario que se obtenía en activo— que era el segundo más alto de la UE tras Grecia. Este coeficiente en España llega casi al 70%, mientras que la media europea está en el 45%. La reforma disparará el gasto anual en pensiones por encima del 16% en el PIB de 2050, lo que nos pondrá a la cabeza de la UE. ¿Alguien cree que nos lo vamos a poder permitir? Es insostenible. Los jóvenes tienen que pagar más en sus cotizaciones para pagar unas pensiones que no tienen garantía de recibir.
¿Y esto, por qué? Fácil. Nada que ver con “la paz social” que alegremente esgrime Sánchez. Es pura campaña electoral dirigida a los pensionistas, que son votantes más fieles que los jóvenes. Con el paro juvenil más alto de la UE, junto a Grecia, estamos por debajo de la media en inversión educativa: el 12,0% del PIB se dedica a las pensiones, mientras que solamente el 0,94% va a las universidades; un 0,75% si hablamos del sistema educativo secundario. Cifras muy por debajo de la media europea.
El debate sobre las pensiones exige claridad y valentía, como la que tiene Emmanuel Macron para intentar que las pensiones en Francia sean sostenibles. La solución PSOE-PP es la contraria: comprar votos y dar una patada al balón pensando que el problema desaparecerá. No. El problema se agravará.
Esta reforma fuerza al sistema de pensiones a tener un déficit básico muy elevado y cada vez mayor. Eso es lo que deben saber los ciudadanos si les hablamos como adultos, pero somos el único partido que lo hace: el bipartidismo no se ha atrevido y VOX se ha abstenido.
Claro que hace falta una reforma urgente de las pensiones, pero no ésta a golpe de decreto-ley, sin debate y a toda velocidad, con ritmo de campaña electoral y de miedo. Justo al revés de lo que necesitamos: políticas a largo plazo debatidas con serenidad y pensando en las próximas generaciones.
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