Acogimiento familiar, aquel gran olvidado por la Administración

Desde que el Estado derivase las competencias relativas a la Protección y Adopción de Medidas relativas a menores a las Comunidades Autónomas, Extremadura ha legislado en diferentes momentos. En primer lugar, promulgó la Ley 4/1994, de 10 de noviembre, de Protección y Atención a Menores en Extremadura y más adelante reguló el acogimiento familiar en todas sus modalidades a través del Decreto 9/2014, de 4 de febrero, por el que se regula la actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura en los Procedimientos de Acogimiento Familiar y de Emisión de Informe para el Desplazamiento Temporal de Menores Extranjeros a Extremadura. En el artículo 2, ámbito de actuación, recoge que, “este decreto será de aplicación a los procedimientos de acogimiento de menores que se encuentren bajo la tutela o guarda de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura o residan en esta Comunidad Autónoma. También a aquellos en los que sea competencia de esta Comunidad emitir la propuesta correspondiente.”

Por todo ello podemos decir que la Administración es la mayor responsable de los menores, debiéndoles garantizar en todo momento que sus necesidades sociales, cognitivas y educativas estén cubiertas, para ello deberán tener personal de referencia que controle el buen desarrollo de estos menores. Actualmente se está decantando la Administración por mantener a estos infantes en Centros de Acogida de Menores, dado que hay muy pocas familias de acogida disponibles en la Comunidad (en el año 2022 según datos proporcionados por la Consejería de Sanidad y Política Social había 7 familias) ¿No creen que es llamativo ese dato?

Pues bien, está claro que las familias que deciden comenzar un proceso de acogimiento no lo hacen por la cuantía económica, lo hacen como un acto de generosidad, como un acto de bondad, su único interés es devolverle a ese menor un trocito de la vida que le fue arrebata tras su declaración de desamparo.

Dicha normalidad en la vida de estos menores pasa, como no puede de ser de otra manera, por el inevitable desembolso económico por parte de las familias acogedoras, ya sea ajena, como extensa. Es ahí donde la Administración juega un papel esencial y crucial.

Actualmente en la Comunidad de Extremadura la cuantía económica es de 169,25€, según los datos proporcionados por la Administración.

Recientes estudios realizados por Save The Children han concluido que cada menor cuesta en una familia más de 600€ al mes, concretamente 672€ ¿De verdad piensan que con dicha cantidad se puede mantener a un menor?

Cabe destacar que estos menores traen una mochila muy pesada de su vida pasada, que los acompañará de por vida. Esa mochila deberá ser tratada por profesionales, que, si tiene suerte, será a los tres o cuatro años desde que se solicitó, obligando a las familias a recurrir a las consultas de manera privada.

Somos la Comunidad Autónoma que menos esfuerzo económico realiza, estando en la tabla en el último lugar:

Puede verse un ejemplo de las cuantías en la anterior tabla.

Además de todo lo expuesto anteriormente hay que destacar el acogimiento en familias profesionalizadas, el cual no se está desarrollando en nuestra Comunidad.

Dicha medida, haría que los menores no llegasen a cursar alta en un Centro de Acogida, evitándoles el sufrimiento que para ellos conlleva.

Como dijo Juan Pablo II “La familia es base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por vez primera los valores que les guían durante toda su vida.” Es por ello que la familia, en todas sus versiones, es lo más importante para el desarrollo de los menores.

Por todo ello sería justo que la Junta de Extremadura, con su nueva Consejera de Salud y Servicios Sociales fuese capaz de :

• Equiparar la cuantía que se les ingresa a las familias acogedoras al índice de vida o por lo menos igualarlos a las otras Comunidades Autónomas.
• Proporcionar a los menores la ayuda necesaria para entender la situación en la que se encuentran, recibiendo un trato preferente al estar tutelados por la Administración. Sin listas de espera y sin necesidad de que las familias pasen por la Sanidad Privada.
• Potenciar el Acogimiento Familiar, ofreciendo apoyo, tanto económico como estructural por parte de la Administración. 
• Poner en funcionamiento la figura del Acogimiento Profesionalizado, como medida alternativa a la institucionalización de menores y como descargo económico de la Administración.

¿Dónde queda el INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR?

ADOPTA, ACOGE, DA UNA NUEVA VIDA A AQUÉL QUE NO HA PODIDO DECIDIR LA SUYA

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