El Gobierno de Argentina condenó la “persecución judicial” a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, para quien este lunes un fiscal pidió una condena de 12 años de prisión por presunta corrupción.
“El Gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada ‘causa Vialidad'”, dijo la Presidencia en un comunicado.
Según el Ejecutivo de Alberto Fernández, la “persecución judicial avalada y promovida por distintos medios de comunicación, la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita y la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada” son “aspectos que contradicen la dogmática del derecho penal” en el estado de derecho.
“Ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno”, señala el comunicado.
El Gobierno reiteró su “adhesión al principio constitucional de inocencia y a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la Justicia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley” y dijo que “seguirá bregando por una reforma judicial que garantice estos valores para todos y todas”.
Asimismo, expresó su “solidaridad” con la vicepresidenta frente a “esta persecución y búsqueda de proscripción que se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la Justicia se pone al servicio de poderes fácticos”.
A modo personal, el presidente Alberto Fernández sostuvo que “es un día muy ingrato” para alguien que, como él, “se ha criado en la familia de un Juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas” y reiteró su “más profundo afecto y solidaridad” a la vicepresidenta.
Este lunes, en su alegato final en el juicio que se le sigue a Cristina Fernández desde mayo de 2019, el fiscal Diego Luciani pidió al tribunal que condene a la vicepresidenta a 12 años de prisión y la inhabilite a perpetuidad para desempeñar cargos públicos.
Fernández, de 69 años, es juzgada por el presunto delito de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos.
En el proceso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz.
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