El expresidente Donald Trump se enfrenta a nuevos cargos judiciales en lo que parece ser el caso más minucioso hasta la fecha. Un gran jurado en el condado de Fulton, en Georgia, ha otorgado el visto bueno para presentar acusaciones contra Trump y 18 de sus asesores, totalizando 41 cargos relacionados con presuntos intentos de alterar los resultados de las elecciones de 2020 en dicho estado, las cuales Trump perdió por menos de 12.000 votos.
Bajo la sombra de 13 cargos, Donald Trump ha sido formalmente acusado, incluyendo violaciones a la ley de Georgia contra el crimen organizado, conspiración para suplantar a un funcionario público, así como presiones para traicionar el juramento del cargo. Además, se le señala de conspirar para presentar documentos falsificados y conspirar para llevar a cabo falsificaciones en una supuesta “asociación delictiva” en la que también se menciona a otros individuos, aunque no formen parte de los cargos presentados.
Entre los imputados en un pliego de cargos que consta de 98 páginas, se encuentran figuras destacadas de su equipo, desde su exjefe de gabinete Mark Meadows hasta su abogado personal Rudy Giuliani. También aparece en la lista Jeffrey Clark, un funcionario del Ministerio de Justicia que habría estado involucrado en los intentos de manipular los resultados electorales. Los abogados John Eastman y Kenneth Chesebro, quienes supuestamente urdieron un plan para usar votantes ficticios a favor de Trump, también enfrentan cargos, junto con el asesor de campaña Mike Roman.
Todas estas figuras han sido acusadas de extorsión, en violación de la ley de Georgia contra el crimen organizado, bajo el alegado objetivo de “usurpar ilegalmente el cargo” presidencial en beneficio de Trump. Así lo ha expuesto Fani Willis, fiscal a cargo del caso, durante una rueda de prensa. Willis ha indicado que aspira a llevar a cabo el juicio contra Trump y los demás acusados en un plazo de seis meses. Según la fiscal, los acusados tienen hasta el viernes 25 para entregarse voluntariamente ante el tribunal.
En el documento de imputación se establece que “Trump y los demás acusados rechazaron aceptar la derrota de Trump y, de manera consciente y voluntaria, se unieron a una conspiración para cambiar ilegalmente el resultado de las elecciones en favor de Trump“.
Estas imputaciones, de las más extensas hasta la fecha en los asuntos legales de Trump, se suman a las tres acusaciones previas, complicando aún más un panorama electoral que parece destinado a ser influido por los problemas judiciales del exmandatario. Estas acciones son resultado de una investigación de dos años y medio liderada por Fani Willis, fiscal del condado de Fulton y afiliada al partido demócrata. La fiscal inició el caso tras la publicación de una grabación de una llamada telefónica entre Trump y el entonces Secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en enero de 2021. En dicha llamada, Trump instaba a Raffensperger a “encontrar” 11.780 votos, un número superior a los obtenidos por su rival Joe Biden en el estado.
Estas investigaciones llevaron a examinar eventos como la trama de votantes ficticios y un intento de acceso no autorizado a sistemas informáticos de máquinas de votación electrónica en el condado de Coffee, que históricamente ha mostrado tendencia republicana.
La respuesta de Trump no se hizo esperar. Tras la revelación de los cargos, sus abogados calificaron la acusación de “impactante y absurda“, haciendo referencia a la publicación accidental de un borrador de los cargos en el sitio web del tribunal poco antes de que el gran jurado emitiese su veredicto. Antes de esto, el propio expresidente había cuestionado las intenciones de Willis, acusándola de buscar una “interferencia máxima” en las campañas presidenciales de 2024.
El caso se suma a los tres procesos legales que el exinquilino de la Casa Blanca y actual aspirante presidencial republicano ya enfrenta. La primera acusación llegó en marzo, cuando el fiscal de Manhattan lo acusó de irregularidades contables relacionadas con pagos para acallar a una actriz porno sobre una supuesta relación. En junio, la segunda acusación: el fiscal especial Jack Smith lo culpó de violar la ley de espionaje al retener documentos clasificados en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida. El 2 de agosto, Smith presentó nuevos cargos, esta vez en relación a supuestas interferencias de Trump en los resultados electorales de 2020.
El caso en Georgia se conecta con la investigación federal, pero se centra específicamente en los intentos de alterar los resultados electorales en el estado. Aunque los votantes respaldaron al candidato demócrata Joe Biden en noviembre de 2020, el margen fue estrecho, con tan solo 11.779 votos de diferencia. La llamada telefónica del 2 de enero capturó a Trump solicitando “encontrar” 11.780 votos, un número superior a los obtenidos por Biden.
