Todos los grupos representados en el Parlamento Vasco, salvo EH Bildu, han respaldado una iniciativa en la que se valora el «interés» por las víctimas mostrado por la comisión de la eurocámara que redactó el informe sobre 379 asesinatos de ETA sin resolver, aunque PNV, PSE y Podemos han mantenido una posición crítica hacia el proceder de la citada comisión.
Dicha crítica se sustenta en que esta comisión, encargada de peticiones ciudadanas, no se reunió ni con el ejecutivo de Iñigo Urkullu ni con la cámara vasca para elaborar su informe, «ni tuvo ánimo de conocer de primera mano las políticas públicas que se implementan en Euskadi desde hace décadas, ni de contrastar sus trabajos». Este punto ha contado con el voto en contra del PP-Cs y Vox.
El debate ha surgido a raíz de la propuesta del parlamentario de PP-Cs, Carmelo Barrio, para que la cámara apoyara las conclusiones y recomendaciones incluidas en el informe, entre ellas considerar los crímenes de ETA de lesa humanidad; evitar los homenajes públicos a los presos que cumplen sus condenas para evitar «la humillación y revictimización» de las víctimas, y ligar los beneficios penitenciarios a la colaboración en el esclarecimiento de los crímenes sin resolver.
PNV, PSE y Podemos han pactado una enmienda transaccional, apoyada por todos los partidos a excepción de EH Bildu, en la que se valora el «interés» mostrado por la comisión del Parlamento Europeo y se expresa un «reconocimiento» a las víctimas del terrorismo «y de toda violencia de motivación política», a la vez que se defiende su derecho a la memoria, la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición y las garantías de no revictimización.
Esta enmienda también contiene un «lamento» ante el comportamiento de dicha comisión, no avalado por el PP-Cs y Vox, y un ofrecimiento a trabajar conjuntamente con el Parlamento Europeo en defensa de los derechos de las víctimas.
Según ha expuesto Iñigo Iturrate (PNV), la comisión «se negó conscientemente a reunirse con el Gobierno y el Parlamento vascos, les faltó al respeto, y no recogió todo el trabajo hecho en este país a favor de las víctimas desde hace años», y ha añadido que «desde ese compromiso, no necesitamos ningún informe europeo para poner a las víctimas en el centro de las políticas públicas».
Julen Arzuaga, de EH Bildu, ha mantenido que dicho informe «no es vinculante, ni tiene efectos prácticos, tan solo es una opinión», y tras afirmar que su contenido no es cierto porque «la Justicia y la policía españolas hicieron de todo contra ETA, legal, alegal e ilegal», ha justificado su votación en contra de la enmienda con el argumento de que respaldarla supone «comprar un discurso y un marco de venganza y revancha«.
Por parte del PSE/EE, Miren Gallastegi, ha recalcado que su partido siempre defenderá a las víctimas, y tras recordar que tanto los beneficios penitenciarios como la actuación contra los «infames» homenajes se afrontan cumpliendo la ley, ha afeado a EH Bildu que «no reconozca la violencia que vino de una determinada parte; no superan barreras, ni dan pasos», ha dicho.
Iñigo Martínez Zatón, de Podemos, ha expresado su «máximo reconocimiento a todas las víctimas, del terrorismo, de las fuerzas policiales y de la dictadura», y ha mantenido que tienen derecho a conocer la «verdad» de los crímenes que padecieron, aunque hayan prescrito, y ha abogado por «dejar de hacer partidismo en minúsculas con este asunto, y hacer país con mayúsculas».
La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha criticado que existan partidos que «no aceptan que aquí se mató por el hecho de ser españoles» y ha acusado al Gobierno Vasco de «intentar blanquear» a quienes apoyan a los asesinos, a la vez que ha asegurado que el ejecutivo, en este ámbito,»puede hacer mucho más de lo que hace, la pregunta es si lo hará».