La Junta Electoral Provincial ha acordado este viernes abrir un expediente sancionador al candidato del PP a la presidencia de la Región de Murcia, Fernando López Miras, por enviar un correo electrónico a los funcionarios de la Comunidad Autónoma informando del acuerdo alcanzado para recuperar la jornada laboral de 35 horas semanales y mejorar las condiciones salariales. El email fue enviado el jueves, un día antes del inicio de la campaña electoral, lo que supone una vulneración de la ley que prohíbe cualquier acto de propaganda por parte de los poderes públicos.
La decisión de la Junta Electoral se produce tras la denuncia presentada por la coalición Podemos–Izquierda Unida-Verdes – Alianza Verde, que considera que el correo de López Miras es un «ejercicio de caciquismo en estado puro» y una muestra del «nerviosismo» del PP ante el resultado de las elecciones autonómicas del 26 de mayo. La candidata de la coalición, María Marín, ha calificado al presidente regional de «candidato tramposo y dopado por los medios públicos». El PSOE también criticó el envío del email y lo tachó de «vergüenza» y de «uso de recursos públicos en beneficio propio».
El correo electrónico, firmado por López Miras como presidente del Gobierno regional, comienza diciendo: «Me complace informarle de que hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado el acuerdo alcanzado por la Mesa General de Negociación para recuperar la jornada laboral de 35 horas semanales para todos los funcionarios de la Comunidad Autónoma». A continuación, detalla otras medidas incluidas en el acuerdo, como el incremento salarial del 2,25%, el abono del 100% del complemento específico en caso de incapacidad temporal o el reconocimiento del grado I de carrera profesional para el personal interino.
López Miras tiene ahora dos días para presentar alegaciones ante la Junta Electoral, que determinará si procede imponerle una sanción económica o una multa. El candidato del PP no ha hecho declaraciones al respecto, pero fuentes de su partido han defendido que el correo no tiene carácter electoralista sino informativo y que se trata de una medida «histórica» y «reivindicada» por los empleados públicos.
