El Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó este miércoles que España “violó los derechos políticos de exmiembros del Gobierno y el Parlamento de Cataluña” al suspender de sus funciones públicas a encausados en el ‘Procés‘ antes de que fueran condenados en 2019, tras el referéndum independentista de 2017.
El dictamen de este órgano asesor de la ONU, cuyas decisiones no tienen carácter vinculante, da la razón a una denuncia presentada en 2018 por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, quienes alegaron que la suspensión de sus funciones sin existir una condena previa violaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El comité, integrado por 18 expertos independientes, subraya que los denunciantes fueron suspendidos tras ser acusados del delito de rebelión (que exige un alzamiento violento) pese a que habían instado a la ciudadanía a mantenerse estrictamente pacífica y a que finalmente fueron condenados en 2019 por sedición, que no implica el uso de violencia. La suspensión de los cuatro denunciantes se había decidido en julio de 2018 con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite la suspensión de funcionarios públicos sólo cuando se les acusa de rebelión, no de sedición.
“Las salvaguardias contra las restricciones de los derechos políticos deben aplicarse con mayor rigor si estas restricciones se producen previamente, y no posteriormente, a una condena por un delito“, comentó al presentarse el dictamen uno de los 18 miembros del comité de Naciones Unidas, la francesa Hélène Trigoudja.
La integrante del comité que preside la griega Photini Pazartzis agregó que “la decisión de suspender a oficiales electos debe basarse en leyes claras y previsibles que establezcan motivos razonables y objetivos para la restricción de los derechos políticos, y debe aplicarse sobre la base de un análisis individualizado”.
Los dictámenes del comité, un mecanismo que se autodefine como “cuasi-judicial”, suponen recomendaciones que en principio no son vinculantes, pero sí se considera que deben ser tenidos en cuenta por los firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (entre ellos España), a cuyo artículo 25 se han acogido los denunciantes.
“El comité no es un tribunal pero lleva a cabo funciones jurídicas, emitiendo decisiones y recomendaciones a los Estados parte que se espera sean puestas en práctica”, aclara este órgano. En principio, la decisión tomada hoy concierne únicamente a los cuatro denunciantes, representados por el abogado Nico Krisch, y no al resto de los encausados por el ‘procés’. La denuncia fue presentada el 18 de diciembre de 2018, coincidiendo con una visita a Ginebra del expresidente del Gobierno autonómico Carles Puigdemont, y la decisión final se publica el día en el que está prevista la del actual jefe de ese Ejecutivo regional, Pere Aragonès.
Los afectados celebran el dictamen
El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha celebrado el dictamen de la ONU: “Nos da la razón”. En varios mensajes de Twitter, Junqueras ha afirmado que esta resolución también evidencia “que España no puede seguir con estas prácticas represivas contra el independentismo”, y ha defendido que la única salida es la amnistía. El exdiputado Raul Romeva, por su parte, ha calificado el dictamen como un paso importante para el movimiento independentista y una mala noticia para el Estado: “No pueden seguir justificándose, ¡amnistía!”, ha destacado.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, y el exconseller de la Generalitat Josep Rull han celebrado como una “victoria” del independentismo contra el Estado el dictamen. Turull ha afirmado en un apunte en Twitter que está “muy contento de esta nueva victoria internacional del independentismo contra al Estado español y sus represores con toga”.
En una entrevista de Cataluña Ràdi, el secretario general de Junts ha dicho que está satisfecho con el dictamen porque “es una victoria clara del independentismo frente al Estado” español. También ha afirmado que este dictamen genera un precedente para que, ante “según qué actos de represión, se lo piensen dos veces“, y ha añadido que da esperanzas para que tenga consecuencias jurídicas en los diferentes tribunales europeos.
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