El portavoz de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha asegurado este martes en Bruselas que es necesario que el Parlamento y los ciudadanos europeos “conozcan la anomalía que ocurre en Cataluña, única región del mundo occidental democrático donde la mitad de la población no puede estudiar en su lengua materna”.
Carrizosa asiste en el Parlamento Europeo junto Nacho Martín Blanco, portavoz en el Parlament y portavoz de Educación, a la sesión de trabajo de la Comisión de Peticiones preparatoria de la misión a Cataluña por la persecución del español en la educación. Ambos han comparecido ante los medios acompañados por los eurodiputados de Ciudadanos.
La formación liberal fue la que propuso esta misión para que la Eurocámara conozca los abusos de la Generalitat, que el partido lleva años denunciando en Cataluña, en el resto de España y ante las instituciones de la UE. “Ya que el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, y el PSOE no están tomando cartas en el asunto, el Parlamento Europeo tiene que garantizar el derecho de todos estos niños que no se pueden expresar en su lengua, no pueden usar el castellano en los colegios fuera de la asignatura de castellano. Que se respeten sus derechos reconocidos en la normativa internacional. “, ha exigido.
Carlos Carrizosa ha subrayado que el caso catalán es especialmente anómalo “porque no rige el Estado de Derecho como en el resto de la Unión”, al incumplirse las sentencias de los tribunales que amparan el derecho a estudiar en español sin que pase nada.
“Como los mismos que vulneran los derechos son los que sostienen al Gobierno de España, el Gobierno de España no obliga a que se cumplan las sentencias. Es una verdadera anomalía que queremos que conozcan todos los eurodiputados y la ciudadanía europea. Que se enteren de qué ocurre en Cataluña, porque el bipartidismo del PP y del PSOE ha conseguido junto al nacionalismo populista tapar esta vulneración gravísima de los derechos de todos”, ha añadido.
Ciudadanos ha defendido esta misión a Cataluña porque existe una discriminación dirigida contra el multilingüismo, la legislación y las sentencias judiciales, así como de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño de UNICEF y el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Esta discriminación es especialmente grave porque proviene de la Administración que tiene las competencias educativas y se produce ante la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez.
