El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha enviado a juicio a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por los delitos de prevaricación y falsedad documental por fraccionar contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) que dirigió hasta 2018 para adjudicárselos a un amigo.
El juez del TSJC Carlos Ramos ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra Borràs, lo que traslada al Parlament el debate sobre su suspensión, en base a un artículo del reglamento que obliga a apartar a los diputados que estén a la espera de ser juzgados por corrupción.
Una vez dictada esta apertura, los abogados de los acusados presentarán sus escritos de defensa y después el tribunal fijará la fecha para el juicio, lo que previsiblemente ocurrirá a partir de septiembre porque el mes de agosto no es hábil en los tribunales.
En esta causa, la Fiscalía ha reclamado para Borràs una pena de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación por los presuntos delitos continuados de prevaricación y falsedad documental.
El juez que ha instruido el caso ve “razonabilidad y consistencia” en las acusaciones de la Fiscalía a partir de los indicios recabados en la investigación, y recuerda que la acusación hasta ahora se basa en indicios que no comprometen la presunción de inocencia de los acusados, que se valorará en el juicio.