La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo enviará una delegación a Cataluña para investigar las políticas contra el castellano en la educación, según confirma este martes la Asociación para una Escuela Bilingüe (AEB).
De esta manera, el Parlamento Europeo quiere determinar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para el 25% de castellano en las aulas catalanas o si la Generalitat mantiene su negativa para con la Justicia. Esta delegación visitará Cataluña durante el segundo semestre del curso y analizará la vulneración de los derechos de los alumnos y sus familias para parte del Departamento de Educació.
El pasado jueves, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que pertenece al grupo de Renew Europe, como Ciudadanos, le pidió al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que cumpla con la sentencia del TSJC que obliga a que un 25% de las clases sean en castellano, durante un encuentro mantenido en Bruselas.
Desde Ciutadans, la diputada Anna Grau, ha defendido con “ilusión” que “todos los implicados en la nueva ola de hispanofobia institucional de la Generalitat tendrán que rendir cuentas ante Europa”. “Esperamos con ilusión la misión europea y agradecemos a Maite Pagaza y al resto del grupo de Ciudadanos en Europa su infatigable trabajo por la libertad de lenguas en Catalunya”.
Según explicó hace unas semanas la vicepresidenta de LIBE, la Ley, los derechos las sentencias que reconocen los derechos, están para cumplirse. “Y no hacerlo es atacar el fundamento del Estado de derecho democrático. Para el nacionalismo, la lengua es un tabú que ha llegado a la máxima irracionalidad después de décadas en Cataluña y que corre el riesgo de repetirse en muchos rincones de nuestro país”.
También recordó que los miembros de la Generalitat “no solo hacen declaraciones contra el Estado de Derecho, sino que esta Administración se declara en rebeldía y legisla y realiza actos oficiales que tienen como fin el desacato de sentencias que buscan proteger derechos fundamentales”.
Por su parte, la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pazaga, denunció en un acto en Bruselas que“la Alta Inspección Educativa está atada de pies y manos porque el Ministerio de Educación y la administración del Estado lo quieren así. En Cataluña sólo hay dos altos inspectores para más de 5.500 centros educativos”.
Es muy grave, dijo, que el Gobierno de Cataluña y otras autoridades públicas no solo hayan instado a desobedecer sentencias, sino que también hayan tejido una red para proteger sus intereses basada en el señalamiento y el acoso a los menores y familias. “Acosan a algunos, para callar a muchos”.
