Comparece ante el Tribunal Supremo la exdiputada de la CUP Anna Gabriel

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La exdiputada de la CUP en el Parlament, Anna Gabriel, que huyó a Suiza en 2018, antes de ser procesada en el caso del procés, ha comparecido este martes ante el Tribunal Supremo para regularizar su situación, y el magistrado Pablo Llarena, la ha dejado en libertad, aunque deberá declarar próximamente.

La exdiputada catalana ha comparecido por propia voluntad ante el juez instructor, que le ha decretado su libertad provisional, aunque deberá comparecer cuando el Supremo la llame. Además, ha tenido que indicar un domicilio y un teléfono para ser localizada, según inddicar el Tribunal Supremo en un comunicado.

Gabriel ha acudido con su nuevo abogado, Iñigo Iruín, el mismo letrado que defiende a la exconsellera Meritxell Serrat, que hace un año se convirtió en la primera procesada en el caso de que regreara a España para ponerse a disposición de la Justicia después de huir a Bélgica en 2018.

La investigación de la exdiputada

Anna Gabriel fue investigada como presunta autora de un delito de desobediencia por su participación en el proceso de independencia de Cataluña en 2017 y no existía contra ella ninguna orden internacional o europea de detención dado que el delito no lleva aparejada pena de prisión, sino de inhabilitación y multa.

El magistrado instructor de la causa, Pablo Llarena, sí que dictó contra ella una orden nacional de búsqueda y detención con el objetivo de que fuese puesta a disposición del tribunal para tomarle declaración. Tras comparecer este martes, Llarena ha dejado sin efecto dicha orden así como la declaración de rebeldía que pesaba sobre ella desde julio de 2018.

Gabriel está procesada por un delito de desobediencia, el mismo al que se enfrenta Meritxell Serret (que en un principio también fue investigada por malversación) y que finalmente se sentará en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y no en el del Tribunal Supremo, de modo que es posible que la exdiputada de la CUP corra la misma suerte.

El juez Llarena procesó a Gabriel en marzo de 2018 al considerar que aunque no fue “notificada o requerida para la observancia de los mandatos del Tribunal Constitucional”, es “evidente que la inconstitucionalidad del proceso es de notoriedad pública desde hace varios años, habiendo incluso determinado condenas anteriores por este mismo delito”.

Consideró que había indicios de que podría haber incurrido en un delito de desobediencia al presentar la proposición de ley del referéndum el 6 de septiembre de 2017.

Llarena la procesó junto a Mireia Boya, expresidenta del grupo de la CUP, que fue juzgada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña junto a los miembros de la Mesa del Parlament durante el procés y que, a diferencia de ellos, resultó absuelta, precisamente porque no recibió ningún requerimiento directo del TC y no podía por su cargo impedir la tramitación de las leyes de desconexión.

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