El Departamento de Educación ha anunciado la puesta en marcha de un decreto que busca promover el uso del catalán como lengua vehicular en las escuelas y, al mismo tiempo, fortalecer la seguridad jurídica en los centros educativos. La consejera Anna Simó ha explicado que se trata de un decreto que regula el régimen lingüístico del sistema educativo, el cual ya está disponible para consulta pública desde el pasado lunes y será tramitado durante los próximos meses.
Este decreto implica la implementación de un reglamento detallado que establece, entre otras cosas, la forma de elaborar y revisar los proyectos lingüísticos de cada centro educativo. También deja claro que la responsabilidad de dichos proyectos recae en el Departamento de Educación y no en las direcciones de los centros, y subraya que no se podrán realizar cambios en los proyectos una vez que el curso haya comenzado.
Además, el decreto establece como requisito el nivel C2 de catalán para acceder a la función pública docente a partir del curso 2025-2026. Sin embargo, este requisito no será exigible hasta ese momento, permitiendo que el proceso de estabilización actual, que concluirá en diciembre de 2024, se lleve a cabo sin esta nueva exigencia. Respecto a cómo afectará esto a los profesores en activo, se evaluará en la mesa sindical de negociación.
El reglamento también garantiza que todos los alumnos adquieran competencia en tres lenguas, asegurando una acogida personalizada para aquellos estudiantes recién llegados y destacando la adecuación del modelo de inmersión lingüística.
“El objetivo del decreto es brindar mayor seguridad jurídica a los centros educativos y desarrollar el título segundo de la Ley de Educación de Cataluña (LEC), aprobada en 2009, que trata sobre el régimen lingüístico del sistema educativo catalán”, señaló la titular de Educación. Añadió que este decreto debería haber sido implementado hace años y que ahora se aprovecha para incorporar los avances normativos más recientes, como el decreto ley sobre los proyectos lingüísticos y la ley del catalán en la escuela, ambos aprobados como respuesta a una sentencia que exigía un 25% de clases en castellano.
El texto del decreto estará en período de exposición pública hasta el 15 de septiembre, permitiendo hacer aportaciones para su posterior tramitación que podría extenderse hasta abril de 2024.
El propósito de defender el modelo de escuela en catalán es esencial en este decreto, según lo expresado por la consejera Simó durante la rueda de prensa. En este sentido, denunció las amenazas que enfrenta el catalán por parte de gobiernos de derecha o extrema derecha en otras regiones del país, así como las “intromisiones” de altos tribunales en relación con la educación en catalán. Subrayó la importancia de rearticular la defensa de este modelo educativo compartido por una amplia mayoría.
En cuanto a las medidas adicionales, el Plan de fomento de la lengua catalana en los centros educativos 2023-2028 incluye acciones para mejorar la competencia lingüística en catalán del profesorado mediante cursos, con 5.000 plazas disponibles en el curso 2023-2024 y 5.500 plazas en el curso 2024-2025. También se prevé la incorporación de nuevos contenidos y habilidades en gestión y tratamiento de la diversidad lingüística en el máster de profesorado de secundaria, en colaboración con el Departamento de Investigación y Universidades.
Además, el plan contempla el aumento de recursos para la acogida del alumnado recién llegado a partir de 2024, incentivar la formación lingüística de las familias y la creación de una plataforma de contenidos audiovisuales educativos en catalán, impulsada conjuntamente por el Departamento de Educación y CCMA.
Con estas medidas, se espera reforzar el uso del catalán en el ámbito educativo y garantizar la calidad y la seguridad jurídica en los centros escolares de Cataluña.
