Cuatro separatistas condenados por coacciones y lesiones leves por el ataque en la UPF contra S’ha Acabat

El Juzgado de lo Penal número 20 de Barcelona ha condenado a cuatro estudiantes independentistas por coacciones tras asaltar, en febrero de 2022, una carpa de la organización constitucionalista S’ha Acabat! durante una feria en la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Cada uno deberá pagar una multa de 2.160 euros, al considerar la jueza que hubo una agravante de discriminación ideológica, aunque les ha absuelto de los delitos de lesiones al no demostrarse intención directa de causar daño físico.

El incidente ocurrió durante una feria organizada por el Consejo de Estudiantes de la UPF, en la que participaban 24 entidades, incluida S’ha Acabat!. Según la sentencia, un grupo de más de 80 personas irrumpió en la feria y, movido por su rechazo a la ideología atribuida a S’ha Acabat!, expulsó violentamente a los miembros de la organización de la carpa mediante empujones.

La jueza destacó en el fallo que la acción fue motivada por la intolerancia hacia la ideología constitucionalista que los acusados relacionaron con España, a la que atribuían una postura de “extrema derecha y fascista”. Esto, según el tribunal, fue el único motivo detrás del ataque.

El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) defendió en redes sociales su participación en el incidente, argumentando que no permitirían la presencia de “discursos reaccionarios, xenófobos y machistas” en la universidad, afirmando además que continuarán luchando contra el “españolismo” en el sistema educativo.

No es el primer ataque de este tipo contra S’ha Acabat! en universidades catalanas. Anteriormente, la organización había denunciado episodios similares en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, evidenciando un patrón de acoso contra este colectivo constitucionalista en espacios académicos.

La Fiscalía había solicitado tres años de cárcel para los cuatro acusados, pero la jueza optó por multas económicas al no encontrar pruebas suficientes para imputar los delitos de lesiones. La decisión pone de manifiesto la creciente tensión ideológica en las universidades catalanas, donde el debate político sigue siendo fuente de conflictos.