El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía celebrada este jueves, se ha aprobado por unanimidad la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de vivienda vigente. La medida se basa en la consideración de que la legislación estatal invade competencias que corresponden exclusivamente a la autonomía andaluza, según afirmó el portavoz del Ejecutivo, Ramón Fernández-Pacheco, en una rueda de prensa.
La Junta tiene la intención de presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional, dirigiéndolo contra 16 artículos y cuatro disposiciones contenidas en la ley de vivienda. Entre los principales puntos de controversia se encuentran aquellos relacionados con el concepto de vivienda protegida, vivienda asequible incentivada, gran tenedor y parque público.
El gobierno autonómico sostiene que estos artículos van más allá de los límites establecidos, ya que detallan aspectos que, según su opinión, deberían ser competencia exclusiva de la legislación autonómica. Según Fernández-Pacheco, el Tribunal Constitucional ha reafirmado en varias ocasiones que el Estado no puede legislar en materia de vivienda, ni siquiera de forma supletoria.
El portavoz destacó que la regulación contenida en la ley estatal no deja ningún espacio para la intervención del legislador autonómico, quien es el responsable de abordar estas cuestiones en Andalucía. Por ejemplo, la normativa sobre vivienda protegida incluye aspectos que ya están regulados por la administración autonómica, como la duración de la calificación o los requisitos para ser adjudicatario.
El recurso también cuestiona los artículos que abordan los derechos y deberes de los propietarios de viviendas y su estatuto jurídico, ya que, según la jurisprudencia, este es un asunto de competencia autonómica. Asimismo, la ley estatal regula la declaración de zonas tensionadas, lo que, en opinión de la Junta, constituye una invasión directa de las competencias exclusivas autonómicas en materia de vivienda y del derecho de propiedad.
La decisión de interponer este recurso ha sido tomada tras obtener el dictamen positivo del Consejo Consultivo y contar con el respaldo de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía. El proceso ante el Tribunal Constitucional determinará si la ley de vivienda actual se ajusta al marco constitucional y respeta las competencias autonómicas establecidas en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
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