La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara ha aprobado este miércoles un informe sobre el Estado de Derecho en la UE que lanza advertencias sobre el sistema de elección del CGPJ, el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general o la reforma del delito de malversación para complacer a los socios independentistas del Gobierno de Sánchez.
Se trata de la revisión que esta comisión hace al informe anual de Estado de derecho de la Comisión Europea, en la cual le pide abordar cuestiones adicionales o problemáticas que el Parlamento encuentra especialmente relevantes o preocupantes, y cuyo ponente este año es el eurodiputado y jefe de la Delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Adrián Vázquez. En opinión de Vázquez, el informe de la Comisión no ha abordado actuaciones que se han visto en Hungría, Polonia, pero también en España y que ponen en peligro la independencia del poder judicial y la calidad del Estado de derecho.
“Pedro Sánchez está avanzando en dirección opuesta con tal de asegurar su investidura. No podemos permitir que lleve a nuestro país al vagón de cola del respeto al Estado de derecho en Europa, junto a países como Hungría o Polonia”, ha lamentado. El eurodiputado ha subrayado que la buena salud del Estado de derecho forma parte de los valores europeos y también de los tratados. “Defenderla y protegerla es nuestro trabajo y nuestro deber, y por eso este informe”.
La Comisión JURI critica en su texto la falta de reforma del sistema de nombramientos del CGPJ, al señalar la importancia de que los Estados miembros cuenten con consejos judiciales independientes cuyos miembros sean elegidos por los propios jueces, y señala que estos deben contar con autoridad sustancial sobre los procedimientos de selección, promoción y disciplina de jueces.
El caso de España es sintomático, pues la Comisión Europea lleva años subrayando que el CGPJ debe ser renovado y reformar inmediatamente después el sistema de elección de sus miembros. No obstante, no se han tomado acciones más allá de sugerir recomendaciones, por lo que el informe de la Comisión JURI “exhorta a la Comisión a ser más exigente en la implementación de estas reformas cruciales en los casos en que los sistemas de los Estados miembros no cumplan con los estándares prescritos.
También censura los casos de ‘puertas giratorias’ de miembros del Gobierno en “roles críticos dentro del poder judicial o la fiscalía inmediatamente después de su servicio”. El Ejecutivo comunitario reprocha únicamente a los exministros que pasan al sector privado, pero no incide en algo que Vázquez considera mucho más grave: las puertas giratorias entre poder ejecutivo y el judicial, que amenazan la separación de poderes en el Estado, como es el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado inmediatamente después de dejar el cargo de ministra de Justicia.
Asimismo, la Eurocámara pide a la Comisión acciones vinculantes para asegurar la utilización adecuada de fondos públicos. En este sentido, reclama que se comunique de inmediato a los Estados miembros que se aprecie un uso indebido de fondos públicos que implementen las medidas para frenarlo.
Ello dotaría a la Comisión de recursos para frenar reformas legislativas que potencien la corrupción, como fue la rebaja de las penas del delito de malversación como parte del pacto entre el PSOE y sus socios independentistas. Pocos meses después de aprobarse esta proposición de ley en España a finales de 2022, Bruselas pedía endurecer las penas por malversación.
“Este informe deja por escrito los muchos ataques al Estado de derecho desde la llegada de Sánchez al poder en 2018. Esto es un problema europeo y, como tal, seguiremos alzando la voz y reivindicándolo desde Bruselas.”, ha declarado Vázquez.
El informe se ha aprobado hoy en la Comisión JURI por amplia mayoría y con el voto a favor de todos los eurodiputados socialistas presentes en la comisión, e irá a la votación del Pleno de la Eurocámara a principios de 2024.