El Excmo. Sr. Don Óscar Puente, luciendo yelmo y espada recién forjados en la armería de la calle Ferraz, hacía referencia por enésima vez al argumentario tejido con esmero por las hilanderas subordinadas al capataz Pérez-Castejón: “solventar un problema estrictamente político” y “dar salida a aquellos que se han situado al margen de la legalidad”. Como ya tuve ocasión de fondear sobre las turbulentas aguas de la hemeroteca socialista, dediquémonos a otros menesteres. La presumible amnistía—alivio penal en los satélites mediáticos pseudoprogresistas— no es más que el fruto de un proyecto de desjudicialización que se viene gestando desde una moción de censura, allá por 2018. En esa jornada estival se cedió el trono de hierro a un hombre con ansia de renovación y transparencia que, con una lógica marxista—la mal atribuida de Groucho, no Karl— ha desechado todos y cada uno de sus principios cuando estos han entorpecido su residencia en palacio.
La primera prueba de fuego en la cruzada por la desjudicialización fue, precisamente, la aprobación de unos indultos que el Gobierno se empeñó en negar desde su alumbramiento en el enero prepandémico. La mayoría ciudadana tuvo que asistir, atónita y a su vez resignada, al perdón, contra el criterio de nada menos que el Tribunal Supremo, de los doce condenados por sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia. Contra criterio, pues la medida de gracia no tenía razón de justicia, equidad y utilidad pública, única y exclusivamente razón de interés para el ejecutivo; contra criterio, al no haber prueba e indicio de arrepentimiento de quienes enarbolan el estandarte del ‘ho tornarem a fer’.
El segundo asalto, el intento de modificación de las mayorías parlamentarias para renovar los órganos judiciales. Si ya de por sí era onerosa la actual situación de bloqueo protagonizada por el bipartidismo, así como el sistema de elección de órganos, tal fue la ‘polonización’ que deseaba perpetrar el gobierno que los resortes europeos actuaron en su contra como pocas veces han hecho.
Meses previos al adelanto electoral, una de las mayores intentonas de blanqueamiento de la corrupción política de la mano del Presidente, la reforma del delito de sedición—hoy desórdenes públicos agravados, con una reducción de dos tercios de la pena máxima— y de malversación. Esto responde ya no solo al perenne estrangulamiento de los tentáculos del Leviatán monclovita a los resortes de la Justicia, sino a allanar el camino a prevaricadores y malversadores, futuribles ‘griñanes’, que gran mancha dejaron en el honor de la Junta de Andalucía por el caso ERE.
Tratar un asunto judicial, la ilegalidad, la sedición, la malversación desde una instancia diferente a los tribunales no es más que el asalto de los verdaderos ‘señores del puro’ a las togas, una encarnizada lucha entre el poder judicial y una élite política que desea fagocitar los escasos focos de resistencia a las cloacas desde el nacimiento de nuestra democracia, llámese Alaya o Marchena. Todo contrapeso a la aristocracia de partido debe ser subyugado, monitorizado por los jueces de “los retos que enfrenta la sociedad actual”. En definitiva, con la venia, señoría, no moleste al político.
