En el día de ayer, el Consejo de Ministros aprobó la modificación en cuanto a las ayudas y subvenciones que el Estado concede a las Comunidades Autonómicas a través de los Fondos Europeos. Se trata de una modificicación de 15 reales decretos que regulaban de la delimitación de la zona de promoción económica de las autonomías.
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) informó al Ejecutivo de las modificaciones de esos reales decretos para, presuntamente, adaptarlas a las directrices marcadas por la Unión Europea, aunque el diputado del Grupo Mixto Pablo Cambronero, denuncia que esas modificaciones tienen un sesgo ideológico y otro que mantiene relación en los apoyos parlamentarios del Gobierno.
También denuncia el uso propagandista para la preparación de las próximas elecciones generales, que estarían marcadas para el mes de noviembre del próximo año.
“¿Saben lo que hace el Gobierno mientras ustedes intentan tener algunos días de vacaciones? Preparan (con el BOE) el reparto de fondos europeos para acudir dopados a las elecciones. Modificación express de 15 Reales Decretos para repartir a ‘los suyos’“, ha informado Cambronero a través de su cuenta de Twitter.
Más capacidad de gasto
La titular de Hacienda ha explicado que el Gobierno ha incrementado el margen de déficit de comunidades autónomas, cuya tasa de referencia para el 2023 será del 0,3%, en lugar del 0,1% que incluía el Programa de Estabilidad. Estas dos décimas se restan de la Administración central, que sitúa el déficit en el 3,2 frente al 3,4 previsto, y asume el mayor coste de la crisis derivada de la invasión de Ucrania.
En el caso de la Seguridad Social, el objetivo de estabilidad se mantiene en el 0,5% del PIB, tras las transferencias que abona la administración central a la Seguridad Social, fruto del acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo. Respecto a los ayuntamientos, la ministra ha destacado que registrarán un superávit del 0,1% del PIB.
Montero ha añadido que con estas cifras tanto las comunidades como los ayuntamientos tendrán más capacidad de gasto para prestar “unos servicios públicos esenciales de calidad”, según la ministra Montero.
