El Tribunal Constitucional (TC) estudiará la constitucionalidad de la nueva normativa catalana de uso de las lenguas en las escuelas, aprobada hace unos meses en el Parlament con el apoyo del PSC. Esta ley confirma la ley del catalán como lengua vehicular y relega al castellano a lengua curricular, que choca con la sentencia del 25% emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El tribunal de garantías ha informado de que el Pleno ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el decreto ley del Parlament que se aprobó en el mes de mayo y la ley de usos lingüísticos aprobada posteriormente en la cámara catalana, que evitan fijar los porcentajes para la enseñanza del castellano en las aulas catalanas.
El TSJC considera que el nuevo modelo lingüístico de Cataluña, impulsado por la Generalitat tras la sentencia del 25%, confirmado posteriormente por el Tribunal Supremo, vulnera el Estatuto de Autonomía y varios artículos de la Constitución, entre ellos el derecho fundamental a la educación.
Por otro lado, el pasado 4 de julio, el tribunal catalán acordó suspender la ejecución forzosa de la sentencia del 25%, dada la “imposibilidad legal” de hacerlo después de la aprobación de la nueva legislación sobre los usos lingüísticos en las escuelas, y pidió a las partes que se pronunciaran sobre si se debía plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la nueva normativa.
Dicho decreto, fue aprobado por el Govern justo un día antes del plazo del TSJC para la aplicación de la sentencia de castellano en las escuelas catalanas. El Constitucional ya admitió a trámite hace un mes el recurso de Ciudadanos junto al Partido Popular contra el decreto que traslada la responsabilidad de los proyectos lingüísticos al Departamento de Educación, y la ley que reconocer el “uso curricular” del castellano.
Por último, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, solicitó al presidente catalán, Pere Aragonès, que la Generalitat cumpla con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a que un 25% de las clases sean el castellano, durante el encuentro que mantuvieron hace una semana en Bruselas.
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