Cheque de 200 euros para hogares con bajos ingresos, rebaja del IVA de la luz y prórroga hasta fin de año de las medidas anticrisis en un nuevo decreto ley

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Pedro Sánchez en rueda de prensa para anuncia las medidas anticrisis aprobadas por el Consejo de Ministros extraordinario | EUROPAPRESS

Artículo publicado originalmente en Civio

Un BOE recoge hoy el decreto ley que prorroga hasta fin de año medidas puestas en marcha en los últimos meses para intentar paliar los efectos de la subida de precios, ya que muchas caducaban el 30 de junio. Y aprueba otras nuevas: un cheque de 200 euros para hogares con bajos ingresos, subida de algunas pensiones no contributivas, descuentos en los abonos transporte y rebaja del IVA de la electricidad del 10 al 5%.

Cheque de 200 euros

Una de las novedades más relevantes es la aprobación de un pago único de 200 euros para hogares de bajos ingresos, que podrán solicitar asalariados, autónomos y desempleados. Eso sí, quedan excluidos pensionistas y beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, para quienes las medidas para compensar la subida de precios son otras.

Las condiciones incluyen un año de residencia legal y efectiva en España y que los ingresos de 2021 fueran inferiores a 14.000 euros sumando a todos los miembros de la unidad de convivencia. Y este es uno de los puntos clave, ya que la definición de unidades de convivencia ha dado muchos problemas a la hora de gestionar ayudas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), debido a la gran variedad de situaciones.

El decreto ley de hoy establece que forman parte de esa unidad familiar las personas que vivieran junto al solicitante a 1 de enero de 2022 con relación de parentesto o familiar o de acogida hasta de tercer grado desde dos años antes. Pero, a la espera de un posible desarrollo posterior, quedan algunas dudas: ¿Qué pasa si la relación no tiene dos años de antigüedad pero sí vivían juntos a 1 de enero? ¿Va a haber problemas si en el padrón aparecen otras personas sin vínculos familiares, como ha pasado en la gestión del IMV?

Otra condición es que el patrimonio de esa unidad de convivencia, sin tener en cuenta la vivienda habitual, no supere los 43.196,4 euros. La ayuda se podrá pedir hasta el 30 de septiembre y la gestionará la Agencia Tributaria. De hecho, se gestionará a través de su sede electrónica. El decreto ley no establece de forma específica vías presenciales o sistemas de ayuda en el proceso online para facilitar su presentación a personas que no tengan acceso a la tecnología o les sea difícil.

La estimación del Gobierno es que 2,7 millones de personas puedan recibirla y que cueste unos 540 millones de euros en total.

Subida de algunas pensiones

Otra de las novedades es la subida de las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas un 15% de julio a diciembre. Quedan fuera las pensiones contributivas -las que se reciben tras haber cotizado el mínimo exigido-, que se revalorizarán a principios del año que viene teniendo en cuenta la subida de precios, como siempre.

Quienes reciban el IMV, por su parte, mantendrán la subida aprobada en marzo, también del 15%. Así, cobrarán ese extra, el mismo que han venido recibiendo en abril, mayo y junio, todos los meses que quedan de año.

Bajada del IVA de la electricidad

Una de las principales novedades en cuanto a energía, anunciada hace unos días, es la rebaja del IVA de la electricidad del 10 al 5%. Es la segunda bajada: ya pasó del 21 al 10% hace un año.

Las condiciones se mantienen: se aplicará a todos los consumidores con potencia contratada de hasta 10 kW, ya sean particulares o empresas. Y se mantendrá en ese 5% hasta fin de año, siempre que el precio en el mercado mayorista se mantenga por encima de los 45 euros por MWh.

Si baja de esos 45 euros, la medida dejará de aplicarse de forma general a toda la población, pero se mantendrá hasta final de año para los consumidores vulnerables severos y en riesgo de exclusión, una categoría creada para distinguir a una parte de las personas que tienen derecho al bono social, los que están en una situación más difícil. Pero, eso sí, no se aplicaría, en ese caso, a los que están clasificados solo como vulnerables, aunque también reciba la ayuda del bono social.

En paralelo, el decreto ley prorroga hasta final de año la reducción del Impuesto especial sobre la electricidad, que pasó del 5,1% al 0,5% en septiembre de 2021, y la suspensión del impuesto de generación.

También se prorroga la reducción de los “beneficios extraordinarios” de algunas centrales eléctricas, principalmente hidroeléctricas y nucleares, por la escalada del precio internacional del gas aprobada entonces.

El precio de la bombona de butano se queda en casi 20 euros

La norma congela el precio de la bombona de butano que, tras la última revisión, está en 19,55 euros. Se quedará en ese precio, histórico, hasta final de año. Hasta ahora, el precio de la bombona no podía oscilar más de un 5% en cada revisión, y llevaba subiendo ese máximo durante los últimos meses. Eso sí, las subidas no asumidas por la congelación se pagarán más tarde, lo que significa que cuando el precio del butano vuelva a regularse de la forma habitual los efectos de estos meses se notarán durante más tiempo.

Un sistema similar, de tope a la subida del precio en cada revisión para los consumidores de último recurso de gas natural, la tarifa regulada, es lo que se aprobó también en septiembre y que se prorroga ahora a las revisiones de precios de octubre de 2022 y enero de 2023.

Así, aunque las variables económicas internacionales hagan que el precio se dispare, el coste de la materia prima, que supone alrededor de un 30% de la factura final, no podrá subir en cada ronda más de un 15%. Eso sí, esas subidas no cobradas se irán guardando para pagarse más adelante, cuando los precios bajen.

En la actualidad, un millón y medio de consumidores, según el Gobierno, están en este sistema, mientras el resto (unos seis millones y medio) están en el mercado libre.

Y también se prorroga hasta fin de año la subida del bono social, del 60% para consumidores vulnerables (antes de la reforma era del 25%) y del 70% para vulnerables severos (frente al 40 anterior).

El descuento de 20 céntimos por litro de carburante también se mantiene hasta el 31 de diciembre de este año, con algunas novedades en su gestión, la supervisión de la CNMC y una exclusión: ya no podrán tener este descuento quienes utilicen el combustible para barcos privados de recreo.

La rebaja del abono transporte será voluntaria para CCAA y ayuntamientos

La norma establece un descuento del 50% en los abonos y otros títulos multiviaje de transportes de gestión estatal, como los de Renfe o las líneas de autobuses con concesiones del Estado, que además deberán desglosar en sus facturas el coste del combustible. Están excluidos billetes de ida y vuelta y multimodales y se aplicará del 1 de septiembre al 31 de diciembre.

En el caso de líneas gestionadas en colaboración o por las comunidades autónomas, como ocurre con Rodalies, el sistema de Cercanías de Cataluña, serán las propias comunidades quienes tengan que dar el visto bueno a ese descuento antes de que acabe julio para que se pueda poner en marcha.

Para las líneas de transporte público gestionadas íntegramente por comunidades autónomas o entidades locales el descuento será del 30%. Eso sí, será su decisión ponerlo en marcha o no, puesto que son ellas las que tienen competencias. Lo que establece el decreto ley es una ayuda que compense por ese descuento a quienes se comprometan a aplicarlo. De hecho, la exposición de motivos aclara que se trata de una reducción “voluntaria” para comunidades autónomas y entidades locales. Si no reducen el precio, no cobrarán las ayudas, estimadas en 200 millones en total. Además, podrán ampliar el descuento al 50% si así lo desean complementando la diferencia con sus propios fondos.

Otras prórrogas: tope a la subida del alquiler, prohibición de cortes de suministro, IVA del 4% para mascarillas…

Se mantienen hasta fin de año medidas como el IVA del 4% para mascarillas quirúrgicas, las ayudas aprobadas para las personas afectadas por el volcán de La Palma, el tope del 2% a la subida de los alquileres y las subvenciones y créditos puestos en marcha para ganadería, agricultura, pesca y transportes.

Además, se mantiene hasta fin de año la prohibición de despedir por causas objetivas argumentando la subida de los precios de la energía para empresas que reciban estas ayudas, así como el veto a algunos desahucios y la prohibición del corte de suministros para consumidores vulnerables.

Este conjunto de medidas, según afirmó ayer Pedro Sánchez, suman más de 9.000 millones de euros, entre gasto directo (unos 5.500 millones) y la rebaja en lo que se recaudará al bajar impuestos (unos 3.600 millones). En total, junto con las medidas que se tomaron en marzo, el Gobierno estima que podrán contener 3,5 puntos el IPC. En mayo, la inflación fue del 8,7%.

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