El general José Moscardó y el teniente coronel Jaime Milans del Bosch, considerados héroes por la dictadura franquista por la defensa del Alcázar de Toledo, permanecen enterrados allí, y ahora la ley de memoria democrática, que entra en vigor este viernes, puede ser una nueva oportunidad para exhumar sus restos, tal y como piden las asociaciones de memoria histórica.
En concreto, Milans del Bosch y Moscardó se encuentran enterrados en la cripta junto a otros militares y civiles que defendieron el Alcázar durante el asedio que se llevó a cabo del 21 de julio al 27 de septiembre de 1936, un espacio que es únicamente visitable por sus familiares con autorización previa. Fuentes del Museo del Ejército han asegurado a EFE que la institución cumplirá la ley “escrupulosamente” y que se ajustará a lo que dicte la norma.
La nueva ley establece: “Los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra o la dictadura. Corresponderá a las administraciones públicas garantizar lo dispuesto en este apartado”.
Voluntad política
Para el presidente de la asociación Manuel Azaña, Isabelo Herreros, la exhumación de quienes siguen enterrados en la cripta del Alcázar es una cuestión de voluntad política pero “parece que no la hay”, señala. Compara el Alcázar de Toledo con el Valle de los Caídos, que sí se menciona expresamente en la nueva ley de memoria democrática y concluye: “Que me cuenten cuáles son las diferencias”.
“Es un lugar público y la cripta no es un lugar escondido” y, aunque no se puede acceder a ella, sin embargo, sí se puede ver perfectamente durante el recorrido de la visita al Museo, que, además, conserva igualmente intacto el despacho del general Moscardó, denuncia Herreros. Critica duramente que se mantenga en el Alcázar a Milans del Bosch, fallecido en 1997 que, según Herreros, fue un sublevado “por dos veces”, ya que apoyó el levantamiento de 1936 y el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, por lo que fue condenado a más de 26 años de cárcel por un delito de rebelión y expulsado del Ejército.
Por ello, lamenta que no se vea voluntad de acabar con esta cuestión a pesar de la ley, si bien adelanta que como asociación en defensa de la memoria histórica se volverá a plantear a través de algún grupo parlamentario en el Congreso la exhumación de ambos militares. Con todo, recuerda que ya en agosto de 2018 un senador de En Comú Podem preguntó en el Senado por la posibilidad de estas exhumaciones y, en su respuesta escrita, el Gobierno central la descartó.
Consideró entonces que no existía “exaltación pública relacionada con los militares allí enterrados, pues dicha cripta es un espacio no incluido en el discurso museológico del Museo del Ejército, por lo tanto su consideración es privada al no ser visitable por el público en general, existiendo un procedimiento de visitas solo para familiares de los enterrados, que pueden acceder a la cripta los días en los que el Museo está cerrado al público”.
Para Herreros, una posible solución sería que los familiares pidieran que se les entregaran los restos de sus fallecidos, pero no ve probable que “por parte de los afectados vaya a haber ningún tipo de iniciativa o de conformidad al respecto”.
La Virgen del Alcázar
Isabelo Herreros confía en que no se vuelva a repetir la procesión de la Virgen del Alcázar, que se celebra a finales de septiembre para “exaltar la sublevación militar”. En concreto, se trata del traslado de la Virgen desde la Catedral hasta dicho edificio, basado en la creencia de que ésta protegió a quienes resistieron el asedio, aunque para Herreros se trata de “exaltar cada año aquel golpe de Estado con misas y una procesión”.
“No es en la calle, no es un terreno, no es una capilla privada. Estamos hablando de dependencias del Ministerio de Defensa de un Estado democrático. Es intolerable”, denuncia Herreros, que asegura que actos de este tipo “no se consienten en otros países como Francia, Alemania o Italia”.
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