El Gobierno dará luz verde mañana martes al proyecto de ley que creará el Centro Estatal de Salud Pública, un organismo con autonomía funcional para coordinar futuras emergencias sanitarias que tendrá naturaleza de agencia estatal, pero del que se desconoce aún quién lo dirigirá y dónde se ubicará.
El Consejo de Ministros tiene pensado aprobarlo por la vía de urgencia para que la normativa pueda estar lista cuanto antes, según ha explicado a TVE la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, antes de precisar que el paso de mañana es “el comienzo de la aprobación de esta ley”, que deberá pasar después su tramitación parlamentaria.
La futura institución, que nacerá con naturaleza de agencia estatal, como reclamaba buena parte de los expertos, es una de las entidades incluidas en el procedimiento iniciado por el Gobierno para descentralizar las sedes de organismos del sector público de nueva creación que aprobó por decreto el pasado mes de marzo.
Pero su ubicación “no está definida” aún, porque antes tiene que haber “unos trabajos previos, unos indicadores” con los que evaluar que un determinado territorio es “capaz de acogerlo y darle una mayor proyección” y que su presencia en él sea “positiva desde el punto de vista de la generación de empleo”.
“El Gobierno lo que quiere es que el Estado esté en todo el territorio”, pero “no hay cerrada una candidatura al respecto”, ha zanjado la portavoz al ser preguntada si finalmente estará en Aragón; previamente, otras comunidades como la andaluza también se habían postulado, pero, según Rodríguez, se abrirá un “ámbito de concurrencia competitiva” para decidir su sede.
Madrid cree que sería un “error estratégico” ubicarlo fuera de esta región, “puesto que aquí es donde se realiza la máxima actividad, donde están el Ministerio y donde se puede dar la máxima rentabilidad”, ha respondido el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
“El Centro Nacional de Salud Pública tiene que tener un sentido después de lo vivido en la pandemia, que sirva para dar el máximo apoyo a la salud pública del sistema nacional de España”, ha subrayado antes de insistir en que “hay que pensar en poner los centros para sacarles la máxima rentabilidad, no para compensar favores políticos que tenga que hacer el presidente del Gobierno”.
Lo que sí se sabe del futuro organismo, cuya creación ya contemplaba la Ley General de Salud Pública de 2011, es que está dotado con 9,4 millones de euros en los presupuestos generales del Estado de este año.
El centro gozará de autonomía funcional para ejercer “las competencias de análisis y estudio, evaluación de políticas e intervenciones públicas, asesoramiento técnico, propuesta de medidas a las autoridades sanitarias y preparación y coordinación de respuesta ante situaciones de emergencia sanitaria”, según argumentó Sanidad cuando anunció su creación en septiembre de 2021.
Para ello, dispondrá de personal “de la más alta capacitación científico-técnica en las distintas áreas y materias”.
“Será un centro de excelencia” que aglutinará las competencias hasta ahora dispersas en esta materia, como son la vigilancia en salud pública y evaluaciones de riesgos y análisis de la situación en salud de la población española.
También la preparación del sistema sanitario ante amenazas para la salud pública, principalmente de carácter epidemiológico, y la coordinación de las respuestas”, además del seguimiento y la evaluación de la Estrategia de Salud Pública.