El Constitucional está reunido este lunes para decidir si frena la tramitación parlamentaria de los cambios en el Poder Judicial y en el propio tribunal de garantías, aprobados por el Congreso y pendientes de votarse en el Senado, a riesgo de provocar una crisis institucional sin precedentes en democracia. Lo hace en un pleno extraordinario, inicialmente convocado el pasado jueves, que el presidente, Pedro González-Trevijano, aplazó a instancias de un escrito de los cinco magistrados progresistas.
El sector progresista logró posponer el pleno con el argumento de disponer del «tiempo indispensable» para estudiar la cuestión, tras el goteo de informes presentados entre la noche del miércoles y la mañana del jueves por PSOE, Vox y Unidas Podemos.
El aplazamiento permitió aprobar la reforma en el Congreso
Ello permitió a los progresistas ganar tiempo y que el Congreso aprobara aquella tarde las enmiendas incluidas en la proposición de ley que deroga la sedición, que era justo lo que pretendía evitar el PP con su petición al Constitucional de medidas cautelarísimas.
Pero no se ha desactivado la amenaza de paralizar la reforma legal, que el Senado tiene previsto debatir el martes en la Comisión de Justicia para aprobarla en pleno el jueves, toda vez que el ponente Enrique Arnaldo, propuesto por el PP para ser magistrado del Constitucional y que ha colaborado con FAES, es partidario de frenar la tramitación.
Así las cosas, el pleno de este lunes debe resolver sobre la admisión a trámite del recurso del PP y las cautelarísimas, pero previamente habrá un capítulo inicial abierto por Unidas Podemos, que ha pedido la recusación del presidente del tribunal y del magistrado Antonio Narváez. Ambos están afectados directamente por las enmiendas que el PP quiere paralizar, ya que se han diseñado para facilitar la renovación de magistrados con el mandato caducado y ambos saldrían del tribunal.
