La Comisión Europea ha anunciado hoy su determinación de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El motivo detrás de esta acción legal es la falta de transposición y aplicación adecuada de la Directiva 2012/34/UE, que establece un espacio ferroviario europeo único.
Según la Comisión, España ha incumplido varias disposiciones clave de la Directiva, en particular, aquellas relacionadas con la independencia de gestión del administrador de infraestructuras, la determinación de los cánones por la utilización de infraestructuras, la gestión de las empresas ferroviarias según principios comerciales y la correcta redacción de los acuerdos contractuales. La situación ha llevado a un largo proceso legal que finalmente ha desembocado en esta acción sin precedentes.
La controversia comenzó en mayo de 2018 cuando la Comisión envió una carta de emplazamiento a España, a la que España respondió en enero de 2019, alegando que algunas de las objeciones se habían resuelto mediante nueva legislación, mientras que otras requerían más trabajo. Sin embargo, la Comisión concluyó que España no había logrado una transposición efectiva de varios artículos de la Directiva, lo que llevó a un dictamen motivado en octubre de 2019.
A pesar de los esfuerzos de España, la Comisión siguió considerando que no se habían abordado adecuadamente todos los puntos. En diciembre de 2022, España notificó a la Comisión la transposición de nuevas medidas, pero tras un análisis detenido, la Comisión concluyó que aún quedaban deficiencias sustanciales.
Las normas de la Unión Europea, incluida la Directiva 2012/34/UE, han sido fundamentales para la creación de un mercado ferroviario europeo más accesible y competitivo. Estas normativas han permitido que las empresas ferroviarias expandan sus servicios y atraigan a nuevos clientes procedentes de modos de transporte menos sostenibles.
Sin embargo, la Comisión sostiene que España aún no ha cumplido completamente con la transposición y aplicación de la Directiva 2012/34/UE. A pesar de las modificaciones en la legislación española que apuntan a cumplir con los requisitos de la Directiva, la Comisión ha expresado preocupación por la falta de operatividad del nuevo sistema de cánones. La disposición transitoria que suspende la aplicabilidad de las nuevas normas hasta que el administrador de infraestructuras las apruebe y publique no ha sido suficiente. La falta de una obligación para el administrador de infraestructuras de implementar el nuevo sistema en un plazo definido podría resultar en que los cánones de acceso se consideren impuestos de facto, afectando a las empresas ferroviarias hasta 2024/2025, cuando podrían incorporarse en las leyes de presupuestos españolas.
La Comisión también destaca preocupaciones en cuanto a la independencia de los consejos de administración de los administradores de infraestructuras y empresas ferroviarias en España. El proceso de nominación, el poder del Ministerio de Transportes para destituir a sus miembros y las reglas relacionadas con la toma de decisiones, plantean dudas sobre la independencia de estos órganos y su capacidad para tomar decisiones comerciales imparciales.
Finalmente, se resalta la ausencia de elementos clave en los acuerdos contractuales entre el Gobierno español y los administradores de infraestructuras. La falta de indicadores clave de rendimiento relacionados con la eficiencia y la reducción de costos de acceso ha sido un punto crítico que la Comisión considera necesario abordar.
La decisión de la Comisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea subraya la importancia de cumplir con las normativas de la Unión Europea en el sector ferroviario y envía una señal clara sobre la necesidad de garantizar la competitividad y sostenibilidad de este mercado en toda la Unión Europea. El caso promete tener un gran impacto en el futuro de la regulación ferroviaria en España y en la forma en que se gestionan las infraestructuras y los servicios en el sector.
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