COAG denuncia que el país magrebí habría superado en más de 230.000 toneladas anuales la cuota de tomate exenta de aranceles, causando un perjuicio económico de más de 71 millones de euros.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha vuelto a poner en entredicho el acuerdo de libre comercio entre Marruecos y la Unión Europea (UE). Según la organización agraria, el país magrebí estaría incumpliendo las condiciones establecidas en cuanto a las cuotas de exportación de tomate, generando un grave perjuicio para los agricultores españoles.
El acuerdo contempla una cuota anual de 285.000 toneladas de tomate exentas de aranceles a un precio mínimo de 0,46 euros por kilo. Sin embargo, Andrés Góngora, responsable estatal de frutas y hortalizas de COAG, ha asegurado que Marruecos supera este límite en unas 230.000 toneladas al año desde 2019, lo que supone una evasión de aranceles que, según los cálculos de la organización, alcanza los 71,7 millones de euros en los últimos cinco años.
Un problema que afecta al sector agrícola español
“Estamos hablando de un canon anual de más de 14 millones de euros que Marruecos debería haber abonado y que no ha pagado”, señaló Góngora en un encuentro con periodistas. Además, denunció que las cifras calculadas por COAG son conservadoras, ya que no incluyen las exportaciones procedentes del Sáhara Occidental, que Marruecos comercializa como propias pese a no estar reconocidas como parte de su territorio.
El sector agrario ha elevado la cuestión a la Comisión Europea, pero el organismo comunitario se ha limitado a indicar que corresponde a los Estados miembros controlar el cumplimiento de las tasas arancelarias. Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España ha redirigido las consultas hacia los ministerios de Economía y Hacienda, que, según COAG, no han ofrecido respuesta alguna.
COAG ha anunciado su intención de llevar este asunto al Tribunal de Cuentas de la UE. La organización considera que España, al no supervisar adecuadamente el cumplimiento de las cuotas establecidas, estaría permitiendo una evasión fiscal que favorece a Marruecos en detrimento del campo español.
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