El Pleno del Congreso ha dado luz verde, con los votos en contra de PP, Vox y Ciudadanos, a la reforma impulsada por el Ministerio de Igualdad que recupera el texto aprobado en 2010 y que permite a las menores de 16 y 17 años a abortar sin permiso paterno. El texto continuará ahora su tramitación en el Senado.
El texto elimina la obligatoriedad de informar a las mujeres que acudan solicitando esta práctica y los tres días de reflexión e incluye medidas para garantizar que esta práctica se realice en los centros públicos de salud. Para ello, se creará una lista de profesionales objetores de conciencia, igual a la que ya se aprobó en el seno de la Ley de Eutanasia aprobada en esta legislatura.
Además, recoge la distribución gratuita de la píldora del día después en centros de salud y de servicios de salud sexual y reproductiva, la promoción de métodos de anticoncepción masculina, derechos relativos a la salud menstrual de las mujeres en todas las etapas de la vida, una baja específica para las mujeres que tengan reglas muy dolorosas e incapacitantes, el reparto de productos de higiene menstrual en institutos, prisiones, centros de la mujer, centros cívicos o centros sociales, o la obligatoriedad de impartir educación sexual en todas las etapas educativas.
La Ley también contiene medidas para fomentar las buenas prácticas en todas las etapas del embarazo, especialmente, en el parto y en el postparto, entre ellas, la incorporación de una baja preparto desde la semana 39 de gestación, que no consumirá ningún día del permiso de maternidad.
Del mismo modo, prohíbe la publicidad y la labor de las agencias que promocionan la gestación subrogada. Una actividad que es ilegal en España.
Comités clínicos sin objetores
Durante la tramitación del texto, se han añadido además nuevas medidas. Por ejemplo, en los comités clínicos no se permitirá que ninguno de sus miembros esté en el registro de objetores o haya estado en el mismo en los últimos tres años. Tampoco se permitirá que estos comités tengan la última palabra en la interrupción del embarazo a partir de la semana 22, sino que la paciente podrá recurrir en vía jurisdiccional su decisión en caso de no estar de acuerdo.
Con estas modificaciones se incluyó, además, un punto por el que se prohíbe la subvención a aquellas organizaciones «contrarias al derecho» al aborto y otro para eliminar las sanciones a médicos que practiquen abortos sin respetar el periodo de reflexión y sin dar información a sus pacientes sobre políticas activas de apoyo a la maternidad. Además, el texto recoge el acceso a los permisos de maternidad o paternidad en los acogimientos temporales y de urgencia, que se limitaban a los superiores a un año.
Del mismo modo, en la sesión del Pleno de este miércoles, se ha incluido una enmienda de Junts por la que se modifica la disposición final cuarta de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como Ley del ‘solo sí es sí’, para endurecer las penas en los casos en los que se use la imagen, sin su consentimiento, de menores y personas con discapacidad para crear perfiles falsos en webs de contactos o pornografía. Con esta medida, se obliga a los jueces a imponer la mitad superior de la pena en estos casos.
Dos de los tres partidos que han votado en contra de la reforma, PP y Vox, han advertido al Gobierno y al Parlamento de que el texto es «inconstitucional». Los ‘populares’, además, han calificado la ley de «atropello legislativo», de «innecesaria» y de «inoportuna»; mientras que los de Abascal lamentan que se reconozca el aborto «como un derecho humano» y que el Ejecutivo esté «invirtiendo el sistema de valores».
Ciudadanos, por su parte, se ha mostrado contrario a los puntos de la norma relacionados con la gestación subrogada. Con ellos, según ha explicado, el Gobierno entra en la «moralización» que «señala con el dedo» y «dice a las mujeres qué pueden o no con su cuerpo».
Montero ha contado con el apoyo de sus socios en el Parlamento, aunque algunos han advertido de las carencias que tiene el texto. ERC y EH Bildu, por ejemplo, han lamentado que la ley no reconozca de forma explícita la violencia obstétrica.
Mientras, Junts ha pedido mayor financiación para las autonomías en medidas que han de gestionar sus gobiernos; y PNV considera que la prohibición de publicidad de la gestación subrogada debe quedar fuera el texto y tratar la cuestión en una ley aparte. También CUP lamenta que no se aproveche esta norma para despenalizar el aborto en el Código Penal y el BNG que no se amplíe la baja en el embarazo desde la semana 35, y no desde la 39.
