El Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT han cerrado un preacuerdo para aprobar el Estatuto del Becario, una norma que pretende regular las prácticas formativas de los estudiantes y evitar los abusos y el fraude laboral. Sin embargo, la patronal CEOE-Cepyme se ha desmarcado del pacto y ha criticado su oportunidad y su contenido.
¿Qué novedades trae el Estatuto del Becario? Según el texto al que han llegado el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, el Estatuto del Becario establece una serie de derechos mínimos para los estudiantes que realizan prácticas en empresas, instituciones o entidades públicas o privadas. Entre ellos, se encuentran:
- La limitación de las prácticas extracurriculares (las que no forman parte del plan de estudios) a un máximo de 480 horas por curso académico o 60 días en jornadas de ocho horas. Estas prácticas deberán estar vinculadas a la titulación que se cursa y no podrán realizarse en turnos de noche ni en fines de semana o festivos.
- La obligación de las empresas de compensar los gastos que se generen por el desempeño de las prácticas, como el transporte, la manutención o el alojamiento. Esta compensación podrá ser económica o en especie, pero en ningún caso podrá sustituir al salario de un trabajador contratado.
- La prohibición de que los estudiantes en prácticas superen el 20% de la plantilla de la empresa o entidad, salvo en el caso de las escuelas taller o casas de oficios. Asimismo, se establece que cada tutor no podrá tener a su cargo más de cinco becarios.
- El reconocimiento del derecho a la cotización a la Seguridad Social por parte de los estudiantes en prácticas, tanto curriculares como extracurriculares. Esta medida ya entró en vigor el pasado 1 de octubre y supone una cuota mensual de 51 euros por becario, que deberá ser asumida por la empresa o entidad que lo acoge.
- El establecimiento de un régimen sancionador para las empresas que incumplan las normas sobre las prácticas formativas. Las infracciones podrán ser leves, graves o muy graves, y conllevarán multas que oscilarán entre los 626 y los 225.500 euros por empresa.
¿Qué opinan los agentes sociales? El Gobierno y los sindicatos han valorado positivamente el preacuerdo sobre el Estatuto del Becario, al considerar que supone un avance para garantizar la calidad y la finalidad formativa de las prácticas y para proteger los derechos de los estudiantes. Además, han destacado que se trata de una demanda histórica del movimiento estudiantil y juvenil, que lleva años denunciando la precariedad y la explotación que sufren muchos becarios.
Por su parte, la patronal CEOE-Cepyme ha rechazado el preacuerdo y ha anunciado que no lo firmará ni lo apoyará. Los empresarios han argumentado que no es apropiado aprobar una norma de este calado en un período de disolución de las Cortes por el adelanto electoral del 23 de julio. Además, han cuestionado el contenido del Estatuto del Becario, al afirmar que limita la autonomía de las empresas para gestionar las prácticas formativas y que supone una carga administrativa y económica adicional.
¿Qué impacto tendrá el Estatuto del Becario? El Estatuto del Becario afectará a más de medio millón de estudiantes que realizan prácticas cada año en España, según los datos del Ministerio de Educación. De ellos, unos 300.000 son universitarios y unos 200.000 son alumnos de Formación Profesional. El objetivo es que estas prácticas sean una oportunidad para adquirir competencias profesionales y facilitar la inserción laboral, y no una forma encubierta de trabajo gratuito o de bajo coste.
Para que el Estatuto del Becario entre en vigor, el Gobierno deberá aprobarlo mediante un decreto-ley antes de que finalice la legislatura. Después, el texto deberá ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que sustituye al Pleno cuando las Cámaras están disueltas. Si esto no ocurre, el Estatuto del Becario quedará en suspenso hasta que se forme un nuevo Gobierno tras las elecciones generales.