PREGUNTA.- Hace unas semanas, el Parlamento Europeo aprobó gracias a la propuesta de la AEB enviar una delegación a España para investigar la discriminación lingüística en las escuelas catalanas, ¿qué le parece que se haya adoptado esta decisión?
RESPUESTA.- Nos parece una muy buena noticia. La esperábamos desde hace casi 2 años, porque nuestra queja lleva abierta desde 2017. Planteamos a la Comisión de Peticiones que era necesario que hubiera una misión de europarlamentarios que vieran in situ lo que está ocurriendo. Tenemos muchas esperanzas de esa misión, va a ser un punto y aparte en la escuela, y lo que queremos es que los eurodiputados vean la situación que tenemos.
La situación actual es que se excluye al español y se excluye la lengua mayoritaria de los catalanes, impidiendo a los alumnos estudiar en su lengua materna.
P.- El comisario Reynders exigió a Aragonès el cumplimiento de las sentencias judiciales, ¿celebra esta noticia?
R.- El posicionamiento del comisario Reynders en el último mes y medio es muy importante, porque actúa de forma muy prudente con todos los estados miembros de la Unión Europea en cuanto a hacer comentarios sobre situaciones que afectan a la justicia de los diferentes países. Que el comisario haya pasado a tomar la iniciativa, que las quejas de los parlamentarios europeos, así como las informaciones que les hemos hecho llegar, hace que Reynders tenga una visión más clara sobre lo que está ocurriendo en Cataluña en temas relacionados con la lengua. El Estado de Derechos en España no se está cumpliendo, porque no se respeta ni se cumplen las sentencias.
R.- Este año no se está cumpliendo este 25% tal y como anunció Cambray en la carta de inicio del curso, ¿cree que se cumplirá el próximo año?
R.- Este año se están cumpliendo las sentencias del 25% que fueron reclamadas por las familias. A principio de curso Cambray dio orden a los colegios ilegalmente, y en estos momentos hemos conseguido que se vuelvan a aplicar, pero la sentencia importante que afectaba a todos los centros, no se está aplicando y ahora debemos esperar a que el Tribunal Constitucional resuelva la cuestión de inconstitucionalidad. Hace una semana el tribunal ha admitido a trámite la petición del TSJC para que se revise la ley del decreto que fabricaron ilegalmente para impedir la ejecución de la sentencia del 25%. Nuestro objetivo es mantener el tema en la agenda pública y presionar a partidos políticos para que se comprometan a que cuando lleguen al gobierno, cambien la situación.
P.- ¿Cuál es la situación de la AEB en cuanto a la ley del catalán aprobada hace unos meses en el Parlament de Catalunya con el apoyo del PSC?
R.- Esa ley lo que logró es bloquear la ejecución de la sentencia del 25%. En ningún momento era una ley realizada para mejorar la situación de la vinculación del castellano en las aulas. Esa ley es una trampa para conseguir eludir la sentencia, modificando los porcentajes, chocando con ella. Nosotros esperamos que el Constitucional resuelva todos esos puntos que lleva el TSJC de inconstitucionalidad. También demuestra es que la ley que se aprobó con los apoyos de varios partidos del arco parlamentario catalán, que todos los partidos que apoyaron esa ley, apoyan al independentismo catalán y que no quieren en ningún caso que los derechos lingüísticos en Cataluña se respeten con equidad y que todos los alumnos tengan derecho a estudiar en las dos lenguas. El apoyo también ha demostrado como los partidos de izquierdas han comprado el programa de los nacionalistas, a pesar de autoconsiderarse no independentistas.
P.- Aragonès confirmó que pactó con Sánchez que no se recurriese a la ley del catalán, ¿qué le parece?
R.- Esas declaraciones han tenido su recorrido y han sido contraproducentes tanto para el Gobierno de España como para la Generalitat. Fueron la base de nuestra carta de denuncia al comisario de justicia Reynders. También fue la base para pedir a Aragonès que cumpliera la ley y la sentencia. Que el Gobierno de España y la Generalitat acuerden utilizar los medios a su alcance para que no se cumpla la sentencia, es un ataque a nuestra democracia, y es un ataque de gran gravedad, porque demuestra que el Gobierno de España no está trabajando por el interés general, sino por el del partido que gobierna en nuestro país. El Gobierno está poniendo a la altura de Hungría y Polonia nuestra democracia, porque está usando las instituciones y modificando las leyes al margen del Parlamento.
