El escándalo del espionaje a los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Margarita Robles, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el programa Pegasus sigue generando reacciones y sospechas. Una comisión de la Unión Europea (UE) ha señalado a Marruecos como el “posible” responsable del uso del software israelí que infectó los terminales de los altos cargos del Ejecutivo español.
Según ha informado el diario El País, la comisión de la UE ha elaborado un informe preliminar en el que se basa en las evidencias recabadas por la investigación judicial abierta en España y en las informaciones publicadas por diversos medios de comunicación. El informe apunta que Marruecos habría utilizado Pegasus para espiar a más de 10.000 personas en todo el mundo, entre ellas periodistas, activistas y políticos.
El informe también recuerda que el espionaje a los móviles de Sánchez, Robles y Marlaska coincidió con la crisis diplomática entre España y Marruecos por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en un hospital español. El ataque se produjo entre el 19 y el 31 de mayo de 2021, cuando miles de inmigrantes irrumpieron en Ceuta ante la pasividad de las autoridades marroquíes.
La comisión de la UE ha pedido a Marruecos que aclare su implicación en el espionaje y que respete los derechos humanos y las normas internacionales. Asimismo, ha instado a Israel, país donde se encuentra la empresa creadora de Pegasus, NSO Group, a que colabore con las investigaciones y a que controle la exportación de este tipo de tecnologías.
El Gobierno español ha descartado por el momento pedir explicaciones a Marruecos por el espionaje y ha asegurado que las relaciones bilaterales se basan en “hechos” y no en “conjeturas”. Sin embargo, fuentes de la investigación consultadas por el medio Libertad Digital han denunciado que el Gobierno “no está colaborando” en esclarecer los hechos y que “no interesa la verdad”.
Pegasus es un software malicioso que permite acceder a los datos almacenados en un teléfono móvil, así como activar su cámara y micrófono sin que el usuario se percate. Su uso está restringido a gobiernos y agencias de seguridad y se supone que solo se emplea para combatir el terrorismo y el crimen organizado. Sin embargo, varias organizaciones han denunciado que se ha utilizado para vulnerar la privacidad y la libertad de expresión de miles de personas.
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