La defensa de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido al juez que archive la causa abierta por la concesión de subvenciones a entidades afines, alegando que no tuvo ninguna intervención «directa o indirecta» en los expedientes y que las ayudas se tramitaron bajo el «control» de la Gerencia.
Los abogados de la alcaldesa, Olga Tubau y Àlex Solà, han presentado un escrito ante el juzgado de instrucción número 21 de Barcelona en el que argumentan que, tras las declaraciones de Colau como investigada y de la interventora municipal como testigo —quien avaló la legalidad de las subvenciones—, no son necesarias más diligencias y la causa debe ser archivada.
La investigación se abrió a raíz de una querella presentada por la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática, que acusa a la alcaldesa de otorgar de forma arbitraria subvenciones a entidades afines como la PAH o el Observatorio DESC, en una denuncia que es prácticamente idéntica a otra que Fiscalía archivó el año pasado.
De hecho, el ministerio público se ha opuesto a las nuevas diligencias solicitadas por la acusación —entre ellas que se requieran las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Barcelona entre 2014 y 2021 y su análisis por parte de la policía judicial—, para evitar una «causa general» contra la alcaldesa.
La defensa asegura que las pruebas apuntan al archivo
En su petición de archivo, los abogados de Colau esgrimen precisamente esa «identidad casi absoluta» entre la querella y la denuncia archivada por la Fiscalía que había presentado Abogados Catalanes por la Constitución, así como «identidad en la dirección letrada» de ambas asociaciones.
Los letrados se remiten a la declaración de la alcaldesa y de la interventora para concluir que la concesión de subvenciones «ha venido presidida por la sucesión de actos administrativos tendentes al control de la dotación presupuestaria y al correcto destino de los mismos», por parte de la Gerencia del Área de Derechos Sociales del consistorio.
Además, para la defensa, todo el «acervo documental» incluido en la causa —a la que se incorporaron dos lápices de memoria con los expedientes municipales que ya analizó la Fiscalía en su día— constata la «corrección de la tramitación administrativa» de las subvenciones.
También acredita, añade el escrito, la «absoluta falta de intervención indirecta o directa» de la alcaldesa «más que en el acto final de aprobación de las mismas adoptado, por unanimidad, por la Comissió de Govern».
En ese sentido, recuerda la defensa que lo primero que hizo Colau cuando tomó posesión de su cargo en 2015 fue «dictar el decreto de cartapacio, en el que delegó casi todas sus funciones delegables en las estructuras de las áreas y las gerencias, entre ellas la de concesión de subvenciones».
De esa forma, abundan, «eliminó la facultad ejercida por alcaldes anteriores de otorgar directamente subvenciones, pidiendo que esa facultad se delegase en las distintas gerencias», lo que confirmó la interventora en su declaración como testigo.
La alcaldesa, insisten sus abogados, no ha «dado nunca ninguna instrucción o indicación» en materia de subvenciones ni ha «modificado» los importes concedidos a las entidades afines.
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