El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha tomado la decisión de retirar la inmunidad al expresidente catalán, Carles Puigdemont, abriendo la posibilidad de reactivar la euroorden emitida en su contra el 14 de octubre de 2019, después de la sentencia del ‘Procés‘.
En respuesta al recurso presentado en 2021 por Puigdemont, junto con los otros dos eurodiputados de JxCAT, Toni Comín y Clara Ponsatí, el TGUE ha resuelto retirar la inmunidad parlamentaria que les fue otorgada cuando fueron reconocidos como eurodiputados.
Fue el juez instructor del ‘Procés‘, Pablo Llarena, quien solicitó en 2020 al Parlamento Europeo que suspendiera la inmunidad de los líderes independentistas. Puigdemont, Comín y Ponsatí argumentaron que el Tribunal Supremo carecía de competencias para solicitarlo y que deberían ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Además, los tres denunciaron la “falta de imparcialidad” en el proceso, ya que el presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo encargado de estudiar el caso era el español Adrián Vázquez, de CS-Renew Europe, que había mostrado “hostilidad” hacia el independentismo, según argumentaron los abogados de Puigdemont ante el TGUE.
Tanto Puigdemont como Comín y Ponsatí disfrutaron de inmunidad parlamentaria desde mayo de 2022, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) aceptó devolvérsela de manera provisional debido al riesgo de detención al que se enfrentaban, tal como le había ocurrido previamente a Puigdemont en Cerdeña, Italia, y en Alemania.
Recurrirán la decisión del tribunal
Tras la decisión del TGUE, Puigdemont y sus compañeros eurodiputados tienen la opción de recurrir al Tribunal de Justicia “lo más pronto posible”. Sin embargo, también han presentado un recurso contra la decisión del expresidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, por no proteger su inmunidad parlamentaria. Aunque los jueces europeos han dejado claro que esta decisión no es “recurrible”.
Es importante destacar que el fallo emitido por el TGUE podría ser objeto de recurso, por lo que sus efectos no son definitivos. Tanto el abogado de los tres líderes independentistas, Gonzalo Boye, como Puigdemont mismo, han anunciado en Twitter su intención de presentar un recurso ante el TJUE tras conocer la sentencia.
Desde Bruselas, Puigdemont ha afirmado que recurrirán la sentencia “lo más pronto posible y de la forma más ambiciosa”, haciendo hincapié en que están defendiendo “los derechos fundamentales y la democracia europea”. Al ser preguntado sobre su posible regreso a España, el expresidente catalán ha sido enfático al afirmar que su situación sigue siendo la misma: “Igual de lejos o igual de cerca”.
El Gobierno de España ha manifestado su satisfacción ante el fallo del TGUE. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha pedido a Puigdemont que se presente “ante la Justicia” y ha destacado que es su obligación como ciudadano, sin rodeos.
La sentencia del TGUE ha desestimado los argumentos presentados por los tres parlamentarios, incluyendo sus alegaciones sobre que el Parlamento Europeo no tuvo en cuenta que el proceso judicial se inició con la intención de perjudicar su actividad como diputados.
El Parlamento Europeo no violó el principio de imparcialidad
En primer lugar, el TGUE ha señalado que la Eurocámara no estaba obligada a analizar “la legalidad” del proceso judicial iniciado en España contra los líderes independentistas después del referéndum del 1 de octubre, ya que esta cuestión es competencia exclusiva de las autoridades nacionales. Por lo tanto, no se cometió un error al concluir que el proceso no tenía la intención de perjudicar la actividad de los diputados.
Los jueces también han determinado que el Parlamento Europeo no violó el principio de imparcialidad, a pesar de que el ponente del suplicatorio, el búlgaro Angel Dzhambazki, sea miembro del mismo grupo político que VOX, el partido que inició el proceso del ‘Procés‘ en 2017. El TGUE ha afirmado que esta circunstancia es “en principio irrelevante para la apreciación de su imparcialidad”.
La sentencia también ha dejado claro que “un diputado, por definición, no es políticamente neutro” y actúa en el marco de una comisión parlamentaria cuya composición refleja el equilibrio de los grupos políticos en el Parlamento.
