La APM rechaza la ley de amnistía que “anula al Poder Judicial” y “pone en riesgo el Estado de derecho”

La asociación mayoritaria de jueces denuncia que la norma "vulnera el principio de igualdad" y "es inaceptable e inasumible para una democracia plena".

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La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de los jueces en España, ha manifestado su rechazo a la futura ley de amnistía que se está negociando entre el PSOE, ERC y Junts. En un comunicado, la APM ha calificado la norma de “ataque a la democracia” y de “vulneración del Estado de Derecho”.

La asociación considera que la ley de amnistía “es inaceptable e inasumible para una democracia plena”. En su opinión, la norma “exoneraría a unos pocos de las responsabilidades penales, ya declaradas por los Tribunales, o por enjuiciar, sin modificaciones legales previas o sin entrar formalmente en un nuevo proceso constituyente”.

La APM ha incidido en que una ley de amnistía “no es admisible en la Constitución Española de 1978”. En su opinión, la norma “pone en cuestión la labor de los jueces españoles que aplicaron las leyes ordinarias democráticamente elaboradas por el poder legislativo”.

La asociación ha alertado de que la ley de amnistía “vulnera el principio de igualdad en la aplicación de las leyes al eximir de responsabilidad penal a una clase de personas únicamente con base en la supuesta motivación política de sus actuaciones”.

Además, ha agregado, la norma deriva en “el grave riesgo de que el mismo trato puedan exigir quienes pretendieron en otros momentos históricos con la fuerza del terror conseguir la independencia de parte del territorio, o bien malversaron fondos públicos invocando la misma intencionalidad”.

La APM ha expresado su rechazo a una ley de amnistía que “tiene el claro objetivo de anular al Poder Judicial”, el “último dique de contención frente a los abusos de poder, la arbitrariedad y la desigualdad ante la ley para privilegiar a unos pocos, la clase política”.

En este sentido, ha censurado que la norma se impulse “para tener los votos necesarios para una investidura”. Si bien ha señalado que no se pronunciará sobre el hecho de que esta norma se esté pactando por el PSOE “con los máximos responsables” de los delitos “graves” del 1 de octubre. “No nos corresponde a nosotros valorar la ética y los principios de los actores políticos, ni siquiera la ausencia de los mismos”, ha zanjado.

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