La reforma para derogar el delito de sedición coge impulso después de que este jueves la mayoría del Congreso, con los votos de PSOE, Unidas Podemos y sus habituales aliados parlamentarios, hayan rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas al texto, que seguirá su camino con el objetivo de aprobarse antes de que acabe el año.
El pleno de la Cámara Baja ha tumbado las enmiendas de PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP a la propuesta de cambio legal impulsada por el PSOE y Unidas Podemos, que busca convertir el delito de sedición en uno de desórdenes públicos agravados con una rebaja de 15 a 5 años de la pena máxima de sedición, y que contempla 8 de inhabilitación.
En una sesión extraordinaria y sólo una semana después de que el Congreso aprobase de madrugada tramitar la iniciativa, en el hemiciclo se han vuelto a oír las mismas críticas de la oposición al Ejecutivo por un texto que, en palabras del PP, se ha hecho «al dictado» de los políticos condenados por el «procés». Pero también han vuelto los reproches de grupos como la CUP y Junts por considerar que la propuesta amenaza la protesta pacífica, un riesgo advertido por sindicatos y Amnistía Internacional.
En un hemiciclo casi vacío y con la bancada azul del Gobierno vacía durante el debate, el diputado popular Carlos Rojas ha llegado a pedir sin éxito a los diputados socialistas que rompiesen la disciplina de voto para apoyar su enmienda a la totalidad, que aboga por mantener el delito de sedición y castigar los referéndum ilegales. Rojas ha considerado que la reforma es una «enmienda a la totalidad» a la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del «procés», y ha garantizado que, cuando el PP gobierne, «el delito de sedición volverá al Código Penal, igual que la dignidad a la política».
Su discurso no ha hecho mella en el PSOE, cuyo portavoz, Felipe Sicilia, ha vuelto a acusar al PP de «enfrentar a unos catalanes contra otros» y de no haber entendido «que España es un país plural y diverso», y ha defendido la apuesta de los socialistas por el «diálogo y el acuerdo». También desde Unidas Podemos, el presidente de su grupo parlamentario, Jaume Asens, ha reivindicado una propuesta que busca «arreglar el conflicto» frente a un PP que respondió con «autoritarismos», «cárcel» y «golpes de porra» a «un movimiento pacífico que pedía respeto».
El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, directamente ha sugerido a los independentistas que «renuncien a la nacionalidad española» y pidan la de «Corea del Norte, Cuba o Venezuela», y ha alertado del «efecto llamada» que, en su opinión, supone esta ley para el soberanismo catalán, en sintonía con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha asegurado que «el separatismo lo volverá a intentar» y ha acusado al Gobierno de «ponerse de lado» de quienes cometieron «un golpe de Estado».
Frente a las críticas de algunos grupos al texto por poner en riesgo la movilización pacífica, ERC ha lanzado un mensaje de calma al quedar «aún toda la tramitación legislativa» para mejorar una iniciativa que considera un logro para el independentismo. Su portavoz, Carolina Telechea, ha dejado claro, no obstante, que su objetivo sigue siendo la amnistía y la autodeterminación, frente a los reproches que le han llegado de Junts, que le ha acusado de «aceptar todo lo que (Pedro) Sánchez les pone encima de la mesa».
Superados los vetos, la proposición de ley pasará ahora al trámite de las enmiendas parciales, momento en el que ERC previsiblemente aprovechará para reavivar el debate sobre la modificación del delito de malversación, el otro por el que fueron condenados los líderes del «procés» y ante el que los socios del Gobierno de coalición guardan cautela. La idea de los grupos mayoritarios es que todo esto se sustancie rápidamente y pueda pasar a su debate y aprobación por el pleno del Congreso en la semana del 19 de diciembre para su remisión al Senado, donde es posible que se culmine la tramitación exprés de este cambio del Código Penal antes de que termine 2022.
