La Comisión Europea da el visto bueno al borrador de los presupuestos e insiste en centrar sus medidas para abaratar al energía

La Comisión Europea dio este martes el visto bueno al borrador de presupuesto de España para 2023 tras constatar que cumple con su recomendación de limitar el aumento del gasto público y le instó, como al resto de países, a centrar sus medidas para abaratar la energía en los más vulnerables para evitar que suba la deuda.

España prevé asimismo realizar inversiones públicas en la transición digital y ecológica y en seguridad energética haciendo uso de fondos europeos, pero también preservando las inversiones financiadas a cargo del presupuesto, en línea con las directrices recibidas la pasada primavera, según la opinión publicada dentro del Paquete de Otoño del Semestre Europeo.

En la misma, el Ejecutivo comunitario advierte, por otro lado, de que prolongar las medidas adoptadas este año para afrontar el aumento de los precios energéticos o aprobar medidas nuevas «contribuiría a un mayor aumento del gasto corriente neto» y a un «incremento del déficit y la deuda previstos para 2023».

«Por lo tanto es importante que los Estados miembros focalicen tales medidas en los hogares más vulnerables y empresas más expuestas para mantener los incentivos a reducir la demanda energética, y que estas sean retiradas cuando disminuya la presión de precios», afirma.

Bruselas amplía esta advertencia al conjunto del bloque, al que afea que solo el 20 % de las acciones frente al incremento de los precios son “específicas” mientras que la gran mayoría son universales, al contrario de la recomendación lanzada desde hace meses por las autoridades comunitarias.

Advertencia a España

La Comisión Europea también advirtió de nuevo a España por los riesgos derivados del elevado nivel de deuda pública y privada, así como del alto desempleo, tres indicadores que la institución ha identificado desde hace años como los principales peligros de la economía española.

En particular, Bruselas señala en el documento de que persisten los «riesgos para la sostenibilidad fiscal» de España a medio y largo plazo «en parte debido a los costes del envejecimiento de la población» y a pesar de que tanto la deuda como el déficit públicos se encuentran en una senda a la baja que la institución proyecta también a lo largo de 2022 y 2023 (en 2021 cerraron en el 118,3% y 6,9% del PIB, respectivamente).

Con respecto a la deuda de empresas no financieras, la Comisión Europea destaca que se moderó al 80% en 2021 y siguió con esta senda en el primer semestre de este año, pero añade que «existen riesgos asociados al entorno macroeconómico», así como que sigue «por encima de los umbrales» establecidos como prudentes, al igual que la deuda de los hogares españoles.

«Las debilidades del mercado laboral siguen siendo una preocupación, a pesar de las destacadas mejoras», añaden los servicios económicos del Ejecutivo comunitario, antes de subrayar que «la tasa de desempleo bajó sustancialmente durante la última década pero sigue estando entre las más altas de la UE». Dentro de este capítulo, Bruselas pone el acento en el paro juvenil y de larga duración.

Con respecto a la competitividad de la economía española, el informe de desequilibrios indica que los costes laborales unitarios (CLU) aumentaron «levemente» en 2021 «y se espera que crezcan más con el incremento de la inflación. Pese a ello, el documento apunta que las dudas relacionadas con los costes de competitividad siguen siendo «limitadas».

Sí que genera más preocupación la posición neta de inversión internacional de la economía española, que sigue siendo negativa (-71,5% del PIB en 2021) aunque ha mejorado «sustancialmente» debido a «fuertes efectos positivos de valor y un elevado crecimiento del PIB nominal».

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