Las llamadas ‘spam’ o no deseadas estarán prohibidas desde el 29 de junio

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¿Estás cansado de recibir llamadas de empresas que te ofrecen productos o servicios que no te interesan? ¿Te molesta que te interrumpan a cualquier hora del día con ofertas que no has solicitado? Pues estás de enhorabuena, porque a partir del próximo 29 de junio, estas llamadas comerciales no deseadas serán ilegales y podrán ser sancionadas.

Se trata de una medida que se incluye en la Ley General de Telecomunicaciones, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 29 de junio de 2022, pero que tenía un plazo de un año para entrar en vigor. Esta ley tiene como objetivo garantizar los derechos de los usuarios finales de los servicios de comunicaciones electrónicas y proteger su privacidad.

Según el artículo 66 de esta ley, los usuarios tendrán derecho “a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo del propio usuario para recibir este tipo de comunicaciones comerciales o salvo que la comunicación pueda ampararse en otra base de legitimación de las previstas en el artículo 6.1 del Reglamento (UE) 2016/679 de tratamiento de datos personales”.

Esto significa que las empresas que comercializan bienes y servicios solo podrán llamar a los usuarios que hayan dado previamente su consentimiento expreso para recibir este tipo de llamadas, o que exista otra razón legal para hacerlo, como por ejemplo, que la llamada sea necesaria para proteger intereses vitales o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público.

La ley se aplicará si al usuario que se llama tiene una numeración fija o móvil asignada en España, independientemente del lugar donde se ubique la empresa o el centro de llamadas que realice la comunicación. Así, si la empresa hace un spam sin consentimiento, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) podrá iniciar un expediente sancionador contra la empresa.

Las sanciones podrán variar según la gravedad y la reiteración de la infracción, pero podrían llegar hasta los 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía.

Lo que dice las encuestas

Esta medida ha sido bien recibida por los consumidores y usuarios, que ven en ella una forma de evitar el acoso comercial y el abuso de las empresas. Según una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el 86% de los españoles ha recibido alguna vez una llamada comercial no deseada, y el 65% las recibe al menos una vez a la semana.

Además, el 77% considera que estas llamadas son molestas o muy molestas, y el 83% cree que deberían estar prohibidas. Por otro lado, el 71% afirma que nunca ha contratado ningún producto o servicio a través de una llamada comercial no deseada.

Sin embargo, no todos los sectores ven con buenos ojos esta prohibición. Algunas empresas consideran que las llamadas comerciales son una herramienta legítima y eficaz para captar clientes y fidelizarlos. Además, argumentan que esta medida podría afectar negativamente al empleo y a la competitividad del sector.

Uno de los sectores más afectados por esta prohibición es el de las telecomunicaciones, que realiza un gran número de llamadas comerciales a sus clientes actuales y potenciales. Entre las principales compañías del sector, solo Telefónica ha manifestado su apoyo a la normativa, asegurando que siempre ha sido “enormemente respetuosa” con los derechos y la privacidad de los usuarios. El resto de operadores (Orange, Vodafone y Másmóvil) no han querido pronunciarse al respecto.

En cualquier caso, los usuarios que quieran seguir recibiendo llamadas comerciales de las empresas que les interesen, podrán hacerlo siempre que den su consentimiento expreso y revocable en cualquier momento. Para ello, deberán facilitar sus datos de contacto y especificar el tipo de comunicaciones comerciales que desean recibir.

Así, a partir del 29 de junio, los usuarios tendrán más control sobre las llamadas comerciales que reciben, y podrán ejercer su derecho a no ser molestados por aquellas empresas que no les aportan ningún valor. Se trata de un paso más para garantizar el respeto a la intimidad y la libertad de elección de los consumidores.

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