Los representantes del sector del taxi han anunciado que convocarán nuevas movilizaciones y paros en las próximas semanas si el Gobierno no cumple con sus demandas de limitar el número de licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC), que operan principalmente a través de plataformas como Uber o Cabify. Los taxistas consideran que los VTC compiten de forma desleal y que ponen en riesgo miles de puestos de trabajo.
La amenaza de huelga se produce a las puertas de la campaña electoral para las elecciones generales del 26 de julio, en la que el transporte urbano será uno de los temas clave. El Gobierno, que está en funciones desde el pasado mes de abril, ha delegado la competencia sobre los VTC en las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pero estos no han logrado consensuar una normativa común que satisfaga a todas las partes.
Los taxistas reclaman que se aplique la proporción legal de una licencia de VTC por cada 30 de taxi, que actualmente se incumple en la mayoría de las ciudades españolas. Según los datos del Ministerio de Fomento, a finales de 2022 había en España 18.456 licencias de VTC frente a 65.623 de taxi, lo que supone una ratio de una por cada 3,5. Los taxistas también piden que se establezcan restricciones a la actividad de los VTC, como la obligación de precontratar el servicio con antelación o la prohibición de circular por las zonas más céntricas y congestionadas.
Los VTC, por su parte, defienden su derecho a ofrecer un servicio alternativo y complementario al del taxi, y acusan a los taxistas de querer mantener un monopolio obsoleto y perjudicial para los usuarios. Los VTC argumentan que su modelo de negocio se basa en la innovación tecnológica y la eficiencia energética, y que contribuye a reducir las emisiones contaminantes y el tráfico en las ciudades. Los VTC también denuncian el acoso y la violencia que sufren por parte de algunos taxistas radicales, que han protagonizado episodios de sabotaje y agresión contra sus vehículos y conductores.
El conflicto entre los taxistas y los VTC se remonta al año 2015, cuando el Tribunal Supremo anuló una moratoria que impedía conceder nuevas licencias de VTC. Desde entonces, el número de estos vehículos se ha multiplicado por diez, lo que ha provocado una fuerte competencia y una caída de los ingresos de los taxistas. Los taxistas han llevado a cabo varias huelgas y protestas en los últimos años, algunas de ellas con cortes de carreteras y calles que han generado importantes problemas de movilidad y seguridad ciudadana.
El Gobierno ha intentado mediar entre los dos sectores, pero no ha logrado encontrar una solución equilibrada que contente a ambos. El Ejecutivo ha propuesto crear una mesa de diálogo permanente entre las administraciones públicas, los representantes del taxi y los VTC, y los consumidores, para abordar el futuro del transporte urbano con una visión integral y sostenible. Sin embargo, esta propuesta no ha sido bien recibida por los taxistas, que exigen medidas urgentes y concretas para frenar el avance de los VTC.
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