La Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Consumo ha tomado medidas contra diversas aerolíneas debido al controvertido cobro por servicios de equipaje de mano. Entre las empresas bajo investigación se encuentran importantes nombres del sector, como Ryanair, Vueling, Easyjet y Volotea, según ha revelado la Asociación de Consumidores Facua.
La investigación no se limita únicamente a los cargos por equipaje de mano, sino que se ha extendido a los sobrecostes aplicados a otros servicios que tradicionalmente estaban incluidos en el precio del billete. Entre ellos, se encuentra la polémica reserva de asientos contiguos para menores o personas dependientes.
Este enfoque de desgajar servicios previamente incluidos en el precio base del billete, y cobrar por ellos como complementos adicionales, ha permitido a estas aerolíneas ofrecer tarifas aparentemente más competitivas en su publicidad. Esta estrategia les ha otorgado un destacado posicionamiento en los motores de búsqueda y comparadores, en comparación con competidores que aún incluyen todos estos servicios en sus tarifas anunciadas.
No obstante, se ha señalado que los precios iniciales promocionados en la publicidad rara vez se corresponden con el monto final que los consumidores pagan debido a estas prácticas.
Otro punto relevante es que las aerolíneas objeto de investigación no estarían permitiendo el pago en efectivo en el aeropuerto para los servicios adicionales, incumpliendo así lo estipulado por la normativa vigente.
Las posibles sanciones para estas infracciones podrían catalogarse como graves o muy graves, con multas que oscilan entre 10.001 y 100.000 euros en el primer caso, y entre 100.001 y 1.000.000 de euros en el segundo.
En el caso de que el beneficio obtenido por estas prácticas infractoras supere las cantidades mencionadas, las sanciones podrían ascender a cuatro o seis veces el beneficio ilícito para las infracciones graves, y entre seis y ocho veces el beneficio ilícito en el caso de las muy graves.
La situación entra en conflicto con el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, y como resultado, se encuentra bajo la competencia directa del Ministerio de Consumo.
Este tema no es nuevo en el ámbito de la regulación, ya que en marzo de 2021, la Dirección General de Consumo del Govern balear inició un expediente sancionador contra Ryanair tras una denuncia interpuesta por Facua tres años atrás. Posteriormente, en abril de 2022, se abrió otro expediente contra Vueling por parte de la misma asociación. Las investigaciones se ampliaron para incluir también a Easyjet, Eurowings y Volotea. Según Facua, este año la administración autonómica ha decidido ceder todos estos casos al Ministerio de Consumo, quien asumirá el seguimiento y resolución de los expedientes sancionadores.